La reciente visita a China del presidente Lasso ha renovado la atención nacional sobre el gigantesco perjuicio económico sufrido por el Ecuador como consecuencia de los contratos de préstamos negociados por el correísmo con dicha nación. El daño que se nos causó bordea los 5.000 millones de dólares. Esos fondos en vez de ingresar a las arcas fiscales se diluyeron en otras manos. Nunca en la historia de nuestra república ha sucedido algo similar. Es un atraco que ni la suma de todos los negociados que se han consumado en el pasado logra superarlo. Debe descartarse, obviamente, que aquí hubo simplemente un descuido, que los negociadores, liderados por el jefe “honoris causa” de la mafia, fueron niños incautos, víctimas de engaños o presiones y que no tuvieron otra alternativa que aceptar las condiciones y firmar. No. Esas condiciones fueron aceptadas con la conciencia de que se le provocaba un perjuicio enorme al Estado, con conocimiento de que con esas cláusulas acordadas se escurrían fondos públicos, a sabiendas que dichos fondos eran del país y que ese desvío únicamente beneficiaba a particulares. Pero lo inédito de esta situación es que encima de haber provocado un enorme daño económico al Estado, y que dicho perjuicio fue el resultado de una deliberada decisión, ahora resulta que sus responsables quieren apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quieren desde allí poner sus marionetas en la Contraloría, Procuraduría y Ministerio Fiscal General, entre otros organismos de control. No les fue suficiente haber robado como desaforados, no les bastó haber pisoteado la dignidad nacional hipotecando nuestro futuro a una nación extranjera dizque por razones ideológicas, que ahora quieren impunidad, protección y olvido.

Este escenario debería pesar en la complicada tarea de renegociar con China los mencionados contratos, contratos de los que debería el petróleo quedar desvinculado. Mientras esa vinculación persista, y peor si persiste en las actuales condiciones, el país seguirá perdiendo millones de dólares y otros seguirán enriqueciéndose. No va a ser fácil lograrlo, sin embargo. El principio de que los contratos son ley para las partes constituye la piedra angular de toda relación legal, no se diga de las relaciones comerciales internacionales. Además, este no es el único punto en la agenda con China. Hay otros de similar importancia y no será sencillo manejarlos de forma independiente. Está, por ejemplo, el acuerdo de comercio bilateral que es clave para nuestro desarrollo económico o el tema de la pesca ilegal en las Galápagos. Y a esta agenda, que es ya de por sí compleja, se suma la necesidad de caminar en equilibrio de tal manera que ni el gigante asiático ni el gigante norteamericano vean en los acercamientos que haga el Ecuador hacia uno de ellos como un alejamiento del otro. Los intereses nacionales debieron y deben ser los que guíen nuestra política exterior. Así lo han entendido desde las ciudades griegas de la Antigüedad hasta los Estados modernos, desde los imperios hasta las pequeñas naciones, desde Tucídides hasta Kissinger. Eso es lo que ha permitido funcionar al sistema internacional, un sistema estructuralmente anárquico, pues no existe una autoridad central.

Dura tarea le espera al Gobierno nacional. (O)