Montesquieu dijo: “Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no pueda abusar de este hace falta que el poder detenga al poder”. Nuestra Constitución señala que los jueces gozarán de independencia interna y externa. En temas políticos, en Ecuador, no han tenido tal independencia, antes y después de crearse el Consejo de la Judicatura, órgano de control disciplinario de la Función Judicial.

El Consejo actual deviene de un proceso de abuso de poder. El expresidente Moreno, cuando se enteró de que le era adverso el proyecto de dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta popular y referéndum acerca de los cuales le consultó, prescindió del dictamen violando la Constitución, y obtuvo la facultad de nombrar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, mediante un mecanismo de participación popular cuyo uso estimó grave la CIDH, por avalar inconstitucionales procesos de destitución de miembros del CPCCS. El Consejo Transitorio, quebrantando el propio mandato ciudadano y la Constitución, entre otras arbitrariedades, evaluó y cesó a los jueces de la Corte Constitucional. Los sucesores de estos, para devolverles el favor, declaró inimpugnables las resoluciones del Consejo, temiendo que sus nuevos miembros, elegidos ya con la acertada modalidad de votación popular, revisen sus desatinos. Los elegidos que estorbaban, por la dictadura de la mayoría de la anterior Asamblea Nacional, fueron destituidos sin fundamento legal.

La Corte Constitucional declaró ilegal la evaluación que el Consejo hizo a los jueces y conjueces de la Corte Nacional...

Así, el CPCCS designó a los miembros del Consejo de la Judicatura actual, que avergüenza a la nación, por ser, como el primero, un apéndice de la Función Ejecutiva. Una grave muestra la constituye “la petición” que hacen dos de sus miembros a un juez para que falle a favor de la defenestrada presidenta de la Asamblea Nacional, cuya permanencia le interesaba al Gobierno, ya que actuó como quintacolumnista. No ha sido desmentida la prueba.

Hay otras presunciones y evidencias de tal intromisión y de las decisiones judiciales para complacer al régimen, como la orden de una jueza de que el presidente de la Conaie, en pleno paro indígena en junio último, para evitar su presencia en Quito, se presente dos veces por semana en Latacunga. No se sabe qué ha hecho la Fiscalía acerca de la denuncia contra el gobernante por sus inversiones en guaridas fiscales ni si, como corresponde por ley, continúa la investigación por la denuncia que él hizo por supuesta tentativa de concusión contra algunos asambleístas que votaron en contra de su proyecto de Ley de Inversiones, a pesar de que desistiera de dicha denuncia antes de que la Asamblea Nacional resuelva sobre el juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura, demostrando que puede sacrificar la lucha contra la corrupción para proteger a quienes lo protegen.

La Corte Constitucional declaró ilegal la evaluación que el Consejo hizo a los jueces y conjueces de la Corte Nacional. De ahí el juicio político, en el que ningún asambleísta votó en contra de la censura. ¿Cuándo empezamos a sanear la justicia? (O)