El país continúa luchando por salir de una crisis fiscal, derivada de la destrucción de capital que se dio desde el principio de la última bonanza petrolera. El estado registra déficits públicos desde 2014 y en los últimos años se han venido reduciendo, en gran medida por la vía de aumentos de ingresos. Decíamos la semana pasada que esto era así porque este gobierno, como los anteriores, se niega a tocar las vacas sagradas, siendo una de estas el aporte estatal de 40 % para las pensiones del IESS.

El subsidio estatal a la minoría de trabajadores formales no satisface el concepto básico de justicia, incluso según distintos conceptos de esta. Según el concepto antiguo de Justiniano, la justicia consistía en “la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo”. Bajo este concepto, la justicia es un derecho individual relacionado con transacciones bilaterales. Por ejemplo, Juan le debe a Susana por el préstamo que ella le concedió. Según el concepto de justicia distributiva, Susana que tiene más, debe darle a un tercero una contribución para ayudar a los que tienen menos. El subsidio a las pensiones del IESS les quita a unos –todos los que pagamos directa o indirectamente el valor que representa este subsidio anualmente– para dárselo a una minoría que suele ser más pudiente que aquella mayoría que no está afiliada.

Y esa minoría es cada vez menos numerosa. El analista Jaime Carrera sostiene que según los datos más recientes del INEC, la población con empleo informal aumentó entre septiembre 2021 y 2022, pasando del 49,2 % de la Población Económicamente Activa (PEA) al 52,1 %. Si comparamos con septiembre de 2019, cuando 46,7 % de la PEA se encontraba en la informalidad, vemos que desde antes de la pandemia y la actualidad 621.400 personas pasaron a la informalidad.

Adicionalmente, dentro de la minoría subsidiada, los de ingresos más altos capturan la mayor tajada del aporte estatal. En abril de 2021 se presentó un estudio del Banco Mundial acerca de la condición del IESS y uno de los analistas involucrados de parte de dicha institución, Heinz Rudolph, señaló que “el sistema es regresivo” porque favorece a los afiliados con mayores ingresos.

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El IESS, que actuarialmente está quebrado, contagia las finanzas públicas a través del subsidio, que se volverá cada vez más cuantioso conforme aumenten los beneficios a pagar año tras año –cada vez habrá más jubilados–.

“El IESS, una bomba de tiempo” se titulaba un artículo publicado en 2019 por Guillermo Avellán, actual gerente general del Banco Central del Ecuador. Allí nos explicó que el Fondo de Jubilación tendría recursos hasta 2022, si el aporte estatal no se restablecía, lo cual se hizo a fines de ese año. Avellán señaló que incluso con el aporte estatal de un 40 % para el IESS, el sistema se enfrentaba a una situación grave dado que se quedaría sin fondos para 2042.

La crisis del IESS es inminente y no atenderla ahora empeora las consecuencias. El primer paso sería eliminar este cuantioso subsidio injusto. El segundo sería eliminar el monopolio estatal sobre la seguridad social, como lo había propuesto el entonces candidato Guillermo Lasso. El Gobierno ha tenido como prioridad reducir el déficit fiscal, no atender este problema podría borrar con una mano lo que hizo con la otra. (O)