La implementación del sistema tranviario en la ciudad de Cuenca tenía un objetivo claro: mejorar la movilidad masiva en un sistema integrado con los operadores de la transportación pública, y como una de las respuestas ante el crecimiento del parque automotor privado, uno de los más elevados del país relativamente con el número de habitantes. Y al ser una obra emblemática y de magnitud, las implicaciones políticas serían también de magnitud para con los implicados.

Los incumplimientos con la fecha de terminación de la obra, por ejemplo, fueron un lastre político determinante para Paúl Granda, exalcalde que la emprendió, y que para compensarlo alquiló por casi un millón de dólares un vagón para ponerlo de muestra en una plaza pública. Y fue, también, objeto de demagogia electoral para Marcelo Cabrera, exalcalde quien engañosamente lo echó a andar con el peor presidente de la historia a bordo, en una suerte de fingidas inauguraciones dirigidas a un electorado local ingenuo que se creyó que ahora sí “tenemos tranvía”.

Y como ocurre con la totalidad de la obra pública emprendida en este país, escribió capítulos vinculados con la Contraloría General del Estado: 20,4 millones de dólares en cuatro glosas por pagos en exceso no justificados, y por un complaciente y también demagógico subsidio al transporte urbano local. El involucrado: el actual ministro de las carreteras, Marcelo Cabrera Palacios. Según un reporte de diario Expreso, todo ese dinero que pertenecía a los contribuyentes cuencanos no podrá ser recuperado porque “… la Contraloría General permitió que prescriban cuatro glosas que suman esos $ 20,4 millones y que debían ser pagadas por funcionarios municipales, entre estos Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca entre mayo de 2014 y mayo de 2019 y actual ministro de Transporte y Obras Públicas”. La obligación de pago de los funcionarios responsables de la “mala gestión” se desvaneció por la “falta de diligencia de la Contraloría”. ¿Qué raro, no? La nota de prensa revela que las auditorías determinaron firma de un contrato complementario 593 días después de vencido el contrato principal; incrementos no justificados en remuneraciones por al menos $ 14 millones; auditoría al contrato de fiscalización realizado en 261 días, cuando el plazo es de 180 días –razón por la cual la glosa ya había caducado incluso antes de que el involucrado Cabrera Palacios haya sido notificado–.

“El 20 de diciembre de 2021, cuando Cabrera ya era ministro, Guillermo Garrido Maldonado, director nacional de Responsabilidades de la Contraloría, resolvió declarar caducada la facultad contralora... El mismo día se declararon caducadas tres glosas contra Cabrera, aprobadas en 2018, 2019 y 2020″. Como para rabiar de impotencia.

De este engorroso capítulo es del cual acaba de salvarse el exalcalde y actual ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera Palacios: glosas por más de 20 millones de dólares que por caducadas, terminan endosadas al bolsillo del ciudadano común. Otra perla más para el larguísimo collar de errores e impunidad de los administradores, reguladores y controladores de lo público en el Ecuador. (O)