Si una persona puede consumir una pizca de sustancias estupefacientes, como dice la tabla de consumo personal, está en su derecho. Pero si se piensa en muchos consumidores, miles, millones, los números se multiplican y directamente se permite que las sustancias se fabriquen, elaboren y distribuyan entre los consumidores. Esta permisión reconoce un derecho individual, pero no toma en cuenta el enorme mercado de consumo.

No se puede prohibir que personas adultas usen sustancias para su placer, porque nos enfrentamos a los derechos individuales. Pero cuando las venden en los centros educativos corrompen a los jóvenes. Dicen que primero las regalan y les gusta, luego son clientes que pagan y es cuando entran en el mundo infernal de la drogadicción. Contraen una enfermedad de la cual es difícil salir o curarse en un mundo complejo donde hay padres de familia tolerantes o descuidados. Que un adulto se drogue por placer y eventualmente, se comprende. Pero si se trata de pervertir a la juventud para ampliar el mercado, me parece un delito grave porque atenta contra el futuro de la sociedad.

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Se afirma que es uno de los graves problemas de salud pública, que el Estado tiene el deber de solucionar ofreciendo tratamientos de sanación, porque muchos padres o familiares no pueden pagarlos. Es por el principio de justicia distributiva. Pero nos enfrentamos a organizaciones delictivas dirigidas por mentes sagaces, inteligentes y despiadadas, con suficiente dinero para contaminar las estructuras del poder político, de la justicia, de la legislación y la administración. Siempre buscan impunidad. Es lógico. Si tenemos un negocio, hay que hacerlo próspero y arrasar o comprar lo que ponga en el camino.

La guerra es total. Abarca todo el planeta. Somos un país de paso para embarcar a los países ricos de América y Europa, los grandes mercados de consumo. Pero también tenemos consumidores autorizados por un reglamento que fija topes, pero es dañino en su esencia como se ha demostrado. Quienes lo dictaron no eran ingenuos, incluso de jactan de su gran inteligencia y de su sentido de oportunidad. ¿Son cómplices?

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Mientras el país clama por seguridad en las calles ni el estado de excepción detiene el delito, simplemente porque no puede hacerlo, la Asamblea debate la Ley de Prevención Integeral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas. El Consep depende del presidente de la República. Muchos pensamos que es conveniente derogar la tabla de consumo, por la razón antes escrita, pero no es tan sencillo. En este asunto debe haber un acuerdo entre las funciones del Estado. Tal vez los legisladores estén pensando en otras soluciones legales, pero se ausentarán por las fiestas de fin de año. Es un asunto urgente relacionado con la seguridad de las personas. Entretanto, los narcos seguirán con su rentable negocio, los distribuidores disputándose las calles y los sicarios matando gente. El Gobierno paga con su prestigio.

Esta será una historia casi infinita, hasta cuando la sociedad mundial decida suprimir la prohibición, que costará muchos puestos de trabajo y dinero. Es asunto de especialistas, que no soy. Mejor me callo. (O)