Casi siempre, las tendencias en redes sociales suelen ser de discusiones bipolares; es decir, de extremos. Los privilegiados que tienen tiempo para estar en Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, moldean la opinión nacional por su influencia en los medios de comunicación masiva, pero terminan eliminando la discusión con sensacionalismos de distinta índole, lejos del análisis, mucho menos de la deliberación y consensos.

Para remate, temas delicados como la salud pública, vacunas, violencia, becas gubernamentales, el déficit del IESS, o tantos más, se atacan o defienden en la palestra pública de acuerdo con las posturas de personajes políticos con intereses personales y agendas clientelares evidentes. Sin duda, muchos de esos politiqueros se benefician por discusiones superficiales para evitar evaluar críticamente y desde múltiples aristas los distintos conflictos.

Uno de los problemas nacionales, que apareció con un barril de petróleo desfilando por las calles de Quito en 1972, sigue siendo un agujero negro del populismo, al margen del color ideológico de los gritones de turno. Los subsidios a los combustibles fósiles –gas doméstico, diésel y gasolinas– se limitan a consignas de dos polos: hay que eliminarlos para mejorar el déficit fiscal versus deben mantenerse intocables so pretexto de incendiar el país por ser “conquista

popular”.

Los gobernantes pierden tiempo en dilapidar su poco capital político en conversaciones, consultorías y dilaciones alrededor de los enfoques integrales del problema de la energía y la producción o mercado según el experto que opina. Lo cierto es que educar a la población hacia las ventajas y problemas que lleva la existencia inmutable de los subsidios no se da. En lugar de tener dos o tres representantes debatiendo diariamente en varios medios con sendos ministros o autoridades, tenemos frases histriónicas que buscan el escándalo para no cambiar nada.

El déficit fiscal causado por el subsidio universal de los combustibles les cuesta mucho más a las poblaciones vulnerables al disminuir servicios sociales que podrían utilizarse para reducir la brecha de inequidad. Tal vez los gobernantes deban mostrar cómo los recursos liberados serían destinados a compensar las carencias económicas con mejoras al bienestar social de los quintiles más empobrecidos del país. Es improbable que populistas violentos puedan contrapesar la entrega de, por ejemplo, un carné de transporte gratuito para 50 viajes a niños, adolescentes y tercera edad mientras se trabaja para mejorar el transporte público para todos a manera de compensación por la eliminación de subsidios que son absurdos ecológica, social y económicamente. O al aumento compensatorio del bono de desarrollo humano o la introducción de una pensión mínima de subsistencia. O un sistema de apoyo agropecuario para producción y distribución de productos, etcétera. Una buena campaña de formación y educación sobre las ventajas de eliminar paulatinamente algunos subsidios, mientras pasan otros a ser focalizados en lugar de universales sería difícil de contrarrestar, por más violentos y bipolares que sean los opositores. Pero hay que pasar a hacer las reuniones, a debatir hasta en las redes y medios. (O)