En medio de la huelga impulsada por la Conaie, los actos vandálicos en varios puntos del país, el estado de tensión especialmente en Quito, Ibarra, Riobamba y Latacunga, los cálculos políticos para debilitar más a la institucionalidad del país y un largo etcétera, en donde la violencia del crimen organizado no se detuvo en ningún instante, siempre habrá alguien que destaque en el accionar político del país.

Esta vez fue Ricardo Ulcuango, antiguo dirigente indígena y hoy legislador de UNES. A nombre de las filas correístas presentó la moción que permitió rechazar la Ley DAV 222083, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. Dicho documento, a criterio del proponente de la moción, atentaba contra la soberanía nacional, porque su vigencia “constituiría un tutelaje sobre las tres funciones del Estado”. Su posición contó con el voto de 75 legisladores.

Sin embargo, si revisamos el comportamiento político de este partido, alrededor de la lucha contra el crimen organizado, esto no constituye una novedad. Los golpes más certeros que se han dado en contra de la estructura existente en el país o que ha contado con apoyo internacional, particularmente de los Estados Unidos, siempre ha sido cuestionada, frenada y hasta desbaratada bajo el criterio de la soberanía.

Hagamos un poco de historia y recordemos tres casos. El primero data de 2008: durante la Asamblea Constituyente, en la cual Alianza PAIS (de donde salió UNES) tenía una mayoría muy amplia, se impulsó el retiro del puesto de avanzada FOL, que se encontraba en la Base de Manta. Si bien la salida del personal militar se dio una vez que la vigencia del convenio terminó, el debate para sustentar la decisión del Ecuador fue la supuesta afectación a la soberanía. Al año siguiente, es decir en 2009, vino el profundo cambio en los sistemas de inteligencia tras el bombardeo de Angostura y que llevó al nacimiento de la oscura y política Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). El presidente de ese entonces dijo al país y en varios foros internacionales que debía ponerse fin a la forma como habían trabajado, especialmente el sistema de inteligencia de la Policía, porque se atentaba contra la soberanía del país.

El tercer caso es justamente de este 15 de junio y frente a este convenio que dice, en su sección 6, que buscaba apoyar al mejoramiento del sistema legal y de justicia para combatir las economías ilegales, la corrupción e influencia extranjera negativa. Para ello, entre otras medidas, planteaba el fortalecimiento de la asistencia para la recuperación de bienes producto de la corrupción, lavado de activos y extorsión; el equipamiento técnico (radares, sistemas de equipamiento, entre otros) para la Policía y la fuerza pública, para reforzar su lucha contra el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, entre otros.

Esta nueva decisión, amparada en la soberanía, sin duda únicamente ratifica que no hay interés en enfrentar un problema de carácter internacional, en donde Ecuador se encuentra hundido desde hace años. Desde que UNES apareció en la palestra pública se ha concentrado en mostrar que esa es su línea de comportamiento y que, para justificarlo, hasta la soberanía sirve. (O)