Hasta la semana pasada el presidente de la Corte Nacional no había solicitado formalmente la extradición del exdictador que vive cómodamente en Bélgica. Ello, a pesar de que la ley obliga a dicho juez a presentar esa solicitud al margen de cualquier información sobre el estatus que los prófugos tengan o digan tener en otro país. Seguimos los ecuatorianos sin entender qué razones ha tenido este juez para demorarse más de un año en cumplir con algo tan sencillo. Sin ese requerimiento de la Corte Nacional, poco es lo que puede hacer la Cancillería para reversar la decisión que habría adoptado una entidad burocrática belga. Los que a diario gritan contra la delincuencia nada han dicho al respecto.

La sentencia del juez de Manglaralto está viciada de nulidad y es una bofetada al país.

Igual de grave es la responsabilidad que pesa sobre la Corte de Santa Elena. El expediente del habeas corpus de Glas ha sido enviado a dicha Corte por un recurso de apelación. Al menos la impugnación que presentó el procurador General está bien fundamentada. La sentencia del juez de Manglaralto está viciada de nulidad y es una bofetada al país. La decisión manipula manifiestamente la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha elaborado sobre el habeas corpus en caso de personas ya sentenciadas: los delitos de Glas son graves, a tal punto de que son imprescriptibles; su liberación ha provocado una conmoción nacional; su supuesta enfermedad no es de las catalogadas como catastróficas –tanto que salió de prisión bailando de alegría–; y, sobre todo, el juez que concedió el habeas corpus carecía de competencia, pues quien debió conocer de la demanda era un juez de Latacunga, el lugar donde Glas se encontraba detenido. Es una sentencia manifiestamente espuria. Su anulación importa a toda la sociedad ecuatoriana, y no solo a Glas. La corrupción judicial no es un asunto “entre privados”. El exmagistrado de la Corte Constitucional Dr. Agustín Grijalva, en una reciente entrevista, ha dejado en claro que el habeas corpus de Glas jamás debió concederse. Si en Santa Elena los jueces se alían con la corrupción y no anulan el habeas corpus y no envían a Glas a prisión, ellos habrán establecido un nefasto precedente para la seguridad de los ciudadanos. La Corte Constitucional tendrá que ejercer, entonces, su facultad revisora. Pero nada de esto tampoco les importa a los que gritan contra la delincuencia.

La fianza que presentó el excontralor Pólit ante una corte federal en Estados Unidos ha simplemente confirmado que el régimen correísta fue el más corrupto que ha tenido el Ecuador en su historia. Según el “indictment”, los delitos los habría cometido durante los años del correato. Cómo será que hasta a la jueza en la Florida le llamó la atención de que los inmuebles originalmente ofrecidos en garantía fueron adquiridos precisamente en esos años. Pólit fue el gran facilitador de ese festival de corrupción, sobreprecios y sobornos que vivió el Ecuador en todos los niveles durante todos esos años. Al igual que lo sucedido cuando el caso Odebrecht estalló en EE. UU., en este caso las autoridades ecuatorianas también podrán obtener información que les sea útil para abrir investigaciones. La diferencia es que en aquellos días no teníamos un fiscal general. Claro que los que se pasan gritando contra la delincuencia han guardado silencio elocuente sobre todo esto. (O)