Lo primero que hay que decir sobre el referendo que tendrá lugar el 5 de febrero es que no constituye un plebiscito sobre el gobierno de Lasso. No tiene sentido votar a favor o en contra dependiendo de si se está de acuerdo con la gestión presidencial, sino por el contenido de cada pregunta. Parece que el electorado está de acuerdo, dado que si bien la popularidad de Lasso es baja, en la mayoría de las preguntas hay una mayoría a favor, según encuestas.

Lo segundo es lamentar que no se haya incluido preguntas que permitan fomentar la inversión privada, generar empleo de calidad o mejorar la calidad de vida.

No tiene sentido votar a favor o en contra, dependiendo de si se está de acuerdo con la gestión presidencial...

En mi opinión, las siguientes preguntas ameritan un voto positivo:

La primera se refiere a la extradición de personas relacionadas con el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Si bien el impacto es limitado, únicamente personas vinculadas a estos crímenes podrían oponerse.

La segunda pregunta busca garantizar la autonomía de la Fiscalía con respecto al Consejo de la Judicatura, debido al rezago en el nombramiento de funcionarios.

La tercera se refiere a reducir el número de asambleístas, de un número proyectado en 152 (para 2025) a un estimado de 121. Esto podría reducir el presupuesto de la Asamblea, a costa de la representación de las provincias de menor población. En cuanto a los asambleístas que representan al exterior, quizás se podría basar en la cantidad de ecuatorianos registrados en cada jurisdicción, y no en el número estimado (reduciría de 6 a 3).

Enmienda que se plantea en la pregunta 3 de la consulta popular elimina a los legisladores nacionales y del exterior que ahora son ‘fijos’ y cambia la forma de elegir a los provinciales

La cuarta buscaría que los movimientos políticos sean registrados si cuentan con un número de afiliados equivalente a 1,5 % de la población, número que sería auditado periódicamente. Se buscaría reducir la excesiva proliferación de movimientos, que llega a 272. Hubiese sido más útil fortalecer los umbrales electorales.

Pregunta 4 de la consulta popular elimina la figura de adherentes en los movimientos políticos y fija un mínimo de afiliados para su creación y permanencia

Se buscaría que la designación de autoridades de control sea efectuada por la Asamblea en lugar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La siete busca la creación de un subsistema de protección hídrica bajo control estatal.

La ocho se refiere a la posibilidad de obtener una compensación económica por la provisión de servicios ambientales. Esto permitiría generar recursos para reforestar o mantener bosques, y otras acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o capturar el dióxido de carbono.

La pregunta con la cual no estoy de acuerdo es cambiar la forma de elección de los consejeros del CPCCS. Si bien se podría eliminar su facultad de nombrar a autoridades de control, no obstante, no veo razón para eliminar la elección democrática de dichos miembros. Una mayoría legislativa como la actual podría nombrar a consejeros afines a dichos grupos. Convendría eliminar el CPCCS.

En cuanto a las candidaturas para el CPCCS (también en las papeletas), constan abogados que han defendido a Correa y Glas de sus casos por delincuencia organizada. El correísmo y el PSC realizan campaña de manera ilegal a favor de candidatos afines. (O)