Con una contundencia pocas veces vista en la Asamblea Nacional, ciento veintiséis legisladores acaban de aprobar el texto del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Dentro de las reformas se encuentra la reorganización de los consejos de seguridad ciudadana municipal en los cuales obligatoriamente, además de la participación técnica de la Policía Nacional, se deberá contar con las organizaciones barriales de cada cantón y con los miembros de la academia.

Si bien es cierto que esta función de los gobiernos autónomos descentralizados municipales ya existía, la incorporación de los barrios (organizados jurídicamente) y de las universidades y escuelas politécnicas, para que aporten ideas y sugerencias desde la sociedad civil, así como talento humano y tecnológico a efectos de ayudar en una mejor planificación y ejecución de las políticas municipales en temas de seguridad ciudadana, debemos verlo como una reforma que ayudará a comprometer a la ciudadanía para que salga del letargo en que se encuentra sumida en la actualidad, así como para dimensionar la imperiosa necesidad de que se involucren todos los actores que son parte en la vida de una ciudad, para buscar soluciones a la inseguridad ciudadana.

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El Derecho a la ciudad es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de diseñar en conjunto con nuestras autoridades el destino del lugar donde vivimos. En palabras de nuestra Constitución, el ejercicio de este derecho se basa en la gestión democrática de la ciudad, en la función social y ambiental de la propiedad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y esta plenitud no se puede alcanzar esperando que las autoridades nacionales y locales se encarguen separada y aisladamente de nuestra seguridad. Lo sucedido en un concesionario de automóviles en la ciudad de Quito es una muestra de que si no nos unimos como sociedad para enfrentar a la violenta delincuencia con la que actualmente convivimos, nos seguirán ganando el partido.

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(...) debemos verlo como una reforma que ayudará a comprometer a la ciudadanía para que salga del letargo...

Como se conoce, una actividad delictiva proviene de individuos con fracturas en la convivencia familiar, escasa educación, pocas alternativas laborales en sus vidas, entre otras. También inciden el entorno social, los incentivos de mercados ilegales y la ineficiencia de entidades de seguridad y del sistema judicial. Las acciones, por lo tanto, para combatir el delito deben involucrar a la familia, la escuela, el barrio, las regulaciones económicas, las instituciones policiales y las judiciales. (Estado responsable y participación en la seguridad ciudadana en América Latina. Guerrero Aray, Balseca Macías y Guerreo Aray. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7777230).

Dicho todo lo anterior, considero que ha llegado el momento de que a través de una gran “minga” ciudadana –sin banderas y cálculos políticos– y liderados por nuestras autoridades locales que prontamente entrarán en funciones, se gestionen espacios de diálogo y participación ciudadana que aporten recursos, ideas y talentos de toda naturaleza al servicio de sus respectivas ciudades. Debemos empezar ahora. Después será demasiado tarde. (O)