El que un presidente de la república sea investigado por dos comisiones parlamentarias al mismo tiempo y por los mismos hechos y, más grave aún, el haberle asignado a una comisión que no es de fiscalización para que lo fiscalice, y a la que sí es de fiscalización tratar de impedirle que lo haga, todo este cuadro de arbitrariedades es un mal comienzo. Es el principio de una crisis constitucional y política. Es más, la propia Asamblea ha dejado entrever que lo que va a hacer la comisión ad-hoc es simplemente confirmar que el presidente es culpable de incumplir un “pacto ético” sobre la prohibición a candidatos o funcionarios públicos de tener bienes en el exterior. No va en realidad a investigarlo sino a condenarlo. La sentencia ya ha sido redactada por las pandillas que buscan recuperar el poder perdido.

La crisis en realidad era inevitable. O surgía con ocasión de la probable promulgación del proyecto de ley urgente que envió el presidente, en vista de que los asambleístas no lo han debatido como era su obligación y por lo que reciben un sueldo, o la crisis surgía por los llamados Pandora Papers o por cualquier otro motivo. Así que el presidente puede dar todas las explicaciones sobre la forma como acumuló su patrimonio desde que comenzó a trabajar a los 14 años de edad, puede abrir todas sus cuentas bancarias, puede entregar todos los documentos del caso, puede informarnos cuánto ha pagado de impuesto en los últimos 10 o más años, puede recordarnos –pues al parecer muchos se han olvidado– que durante la dictadura correísta se aprobó una reforma constitucional que prohibió a los propietarios de bancos y medios de comunicación invertir en el Ecuador en otras actividades productivas y condenó –y no es broma esto– a sus descendientes a no poder trabajar en otras empresas que no sea el respectivo banco o medio de comunicación, en fin, puede develar todas las auditorías tributarias que quiera y demostrar que ha pagado todos los impuestos exigidos, que de nada le servirá.

La razón es muy simple. Las mafias políticas y sus aliados no aguantan más el estado de indefensión, por así decirlo, en que se encuentran. ¿Cómo no van a añorar los años dorados en los que podían asesinar a un general de la república por atreverse a denunciar corrupción o podían caerle a patadas a una mujer detenida por un delito que no cometió hasta provocarle un aborto, o podían levantar fortunas sin pagar un dólar de impuestos y todo ello sin que nada les pase? ¿Cómo no van a extrañar la ausencia de radares para controlar el narcotráfico en Manabí? No nos engañemos. Esta gente necesita con urgencia un contralor que anule todas las glosas que tienen los actuales asambleístas, les urge tener en la Fiscalía a un títere que no les interrumpa el sueño por las noches en Samborondón, que no se pregunte de dónde sacaron el dinero para vivir como faraones ciertos políticos y que declare inocentes a todos los prófugos.

Pero, sobre todo, necesitan de un presidente que se olvide de reformas políticas o económicas, o del trabajo por horas o de firmar tratados de comercio o de recuperar lo robado. En fin, como saben que no hay causales para su remoción, lo que buscan es transformarlo en su marioneta a base del chantaje. Lo han hecho en el pasado. Lo van a intentar nuevamente. (O)