Es necesario ajustar las propuestas agrícolas a cuatro hechos indiscutibles; el uno, la grave crisis económica que venía manifestándose con el desplome de los precios del petróleo y otros comodities; el segundo, la escasez alimentaria que se sobrepuso al anterior, disparando los índices de hambre y desnutrición, compañeras inseparables de 115 millones más de personas en pobreza extrema, para situarla entre 703 y 729 millones; el tercero, la pandemia, desde su repulsiva aparición a fines del 2019 y principios del 2020, que se agregó a los mencionados, cuyo fin es de difícil pronóstico; y, el cuarto, el más antiguo y casi imposible de superar, el cambio climático.

La implantación de una moderna agricultura, reconocida como tabla de salvación, es la solución inmediata para corregir o mitigar los trastornos antes relatados. Ecuador puede abastecer de alimentos, y ya lo hace, a toda su población y aportar al mundo sus excedentes. Es un manantial inagotable de divisas por sus dinámicas exportaciones, incrementando las actuales y generando nuevos rubros, acrecentando liquidez e impulsando otras áreas, afirmando la dolarización, creando trabajo digno y duradero. El país no es un significativo emisor de gases de efecto invernadero, pero sí un maravilloso captador de carbono a través de su vegetación y suelos, enriqueciéndolos con materia orgánica, restaurando los degradados, respuesta ideal a la conflagración ambiental. El desarrollo rural debe ocupar el primer lugar en la agenda de los gobiernos, central y municipal, de los organismos de cooperación financiera local y mundial, que tenga como eje central el bienestar de los agricultores, elevando su actividad a categoría de negocio rentable.

La institucionalidad agraria debe rearmarse, entregando el protagonismo del sector al Ministerio de Agricultura y a los mismos productores, dotándolos de herramientas legales para una real y efectiva participación democrática, seria, capacitada, dispuesta a defender sus derechos con transparencia, honestidad, cerrando el paso a oportunistas que han suplantado su dirigencia. Las disciplinas agroexportadoras deben ser lideradas por esa cartera de Estado, para que los proyectos gocen de efectivas posibilidades comerciales.

Evitar el desmantelamiento de entidades de investigaci��n y transferencia de tecnología, incentivando las privadas; por el contrario, fortificarlas, asignándoles por lo menos el 1 % del PIB agrario a las públicas, siguiendo la recomendación independiente; asumiendo nuevos desafíos en los inexplotados frutales, hortalizas, exóticos, forestales, ganadería, con demanda en alza sostenida; otorgar fluido acceso al crédito para la agricultura familiar, base de la soberanía alimentaria, desbrozándole el camino a la digitalización, integración, infraestructura y procesos biotecnológicos.

La agroexportación convencional puede mejorar sus cifras, abatiendo inútiles trámites, buscando inéditos nichos, sumándose sin temor a las corrientes reivindicadoras por aumentar los ingresos nacionales y campesinos, revalorizando sus menospreciadas cosechas, posición que atrae simpatía mundial a favor de un agro relegado. (O)