Ecuador fue incluido por el Gobierno de los Estados Unidos en una lista de 22 países de mayor tránsito de drogas ilícitas en el mundo a pesar de haber incrementado su captura; vivimos un crecimiento fenomenal de criminalidad; la vía aérea es usada por aeronaves ilegales que transportan dólares, armas y droga; los gobiernos anteriores descuidaron el control, el presidente de la República y muchos analistas coincidimos en que fue deliberado; este Gobierno inició un proceso de fortalecimiento del control aéreo en las provincias de Manabí y Santa Elena.

El 27 de octubre de 2021, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) inauguró el servicio del radar de control aéreo, ubicado en Montecristi, provincia de Manabí; pero, luego de once días, salió del servicio por una explosión producto de un sabotaje o de terrorismo, se investiga quiénes serían los responsables por acción o negligencia, sin distinción de rangos.

El presidente de la República manifestó su decisión de enviar un proyecto de ley para derribo de aeronaves ilegales a la Asamblea, ojalá tengan voluntad de aprobarla. La Dirección de Aviación Civil establece los procedimientos de interceptación en concordancia con las normas internacionales, designa a la Fuerza Aérea Ecuatoriana la misión de interceptar solo con fines de identificación, no hay posibilidad de derribo.

La premisa sería que toda aeronave que sobrevuele nuestro territorio ilegalmente, sin registro, será considerada como transporte de droga, armas o dinero del narcotráfico, y, si demuestra hostilidad, deberá ser derribada. Es fundamental la coordinación integral de las instituciones del Estado y sistema Judicial.

El control aéreo es sobre tierra y mar; en casos de extrema hostilidad se debe coordinar el uso de la aviación y sus armas aire-aire; del Ejército y la capacidad de sus armas antiaéreas; y de los buques de la Marina y su capacidad de detección de radar y armas antiaéreas.

No cabe en esta lucha el principio de proporcionalidad porque la fuerza militar siempre debe ser superior a la amenaza del narcotráfico para neutralizarla, someterla o eliminarla.

Si es aprobada la ley, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) deberán cumplir, el mayor peso recaerá en la FAE. Tendrán que implementar una doctrina para formación, instrucción y práctica: basada en los conceptos militares de protección al sistema de radares, interdicción o negación de espacios aéreos, vigilancia, identificación comparando con registros de inteligencia de aeronaves hostiles, seguimiento de una aeronave hasta que agote su combustible, interceptación para capturar la nave obligándola a aterrizar o derribarla como última opción.

El incremento del narcotráfico y criminalidad, la inhabilitación del radar de Montecristi por una explosión que podría ser por sabotaje o terrorismo nos hacen visible al mundo como país peligroso; el Gobierno está haciendo esfuerzo en fortalecer el control aéreo, pero debe ser complementado con una ley para derribo de aeronaves ilegales; confiamos en que las FF. AA. y la FAE están en capacidad de negar el uso del aire a los narcotraficantes, intensifiquen la seguridad y no se dejen sorprender nuevamente. (O)