Las empresas públicas (EP) son una forma de intervención del Estado. Surgieron para mejorar el acceso a servicios básicos, controlar el suministro de bienes considerados “estratégicos” y magnificar la intervención estatal. Operan 12 EP del Gobierno y centenares en los 221 municipios, según la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Al pasar servicios a una EP se esperaba enfocar recursos en la prestación de aquellos para desempeños más eficientes y eficaces y, con ello, lograr solvencia y sostenibilidad financiera. Se suponía que las facilidades que establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas para hacer alianzas, desarrollar y/o vender servicios con lógica empresarial, etc., haría viable esta meta. Esto no ha ocurrido y sobran causas.

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Al mudar un servicio a una EP, la “lógica pública” se mudó con aquel. Me refiero a aquella lógica enfocada en el control, que lleva al empleado público a decidir priorizando el no cometer una falta, así sea de forma, en lugar de priorizar el resolver el problema. Esa lógica pública que en el mejor de los casos se llena de consultas, permisos e informes, que tarda, que decide desde el centro jerárquico y enfocada en el control, rige el servicio de las EP.

Cada una de las EP del Ejecutivo debe responder a su respectiva entidad matriz, cumpliendo metas sectoriales.

Por otra parte, la teoría elemental de las operaciones empresariales enseña que los procesos de producción poco flexibles y enfocados en el control (como los que permite la lógica pública) funcionan bien para la producción de bienes estandarizados, en largas tandas o en un flujo continuo (Hayes y Wheelwright). Tal vez por esta razón, las EP con mejor desempeño existen en los campos de energía y el suministro mayorista de agua. También explicaría el fracaso generalizado de las EP a la hora de administrar servicios que deben ser flexibles y enfocados en el cliente, como el fomento productivo, las aerolíneas o la hotelería.

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En lo nacional, debe cambiar el modelo de dirección. Cada una de las EP del Ejecutivo debe responder a su respectiva entidad matriz, cumpliendo metas sectoriales. Subordinar entidades tan diferentes a una dirección solo por el hecho de ser EP ha provocado muy caras ambigüedades en su dirección y control, maximizando el riesgo de captura de los beneficios del accionar de las empresas.

En lo seccional, las EP municipales se debaten en la insolvencia técnica y financiera, salvo excepciones. Las alianzas público-privadas intentadas en materia de servicio municipal de agua no han encontrado aún bases para trascender. Se carece de personal preparado, modelos validados de cooperación público-privada y desconexión entre el Ejecutivo y los municipios respecto al tema.

Por tanto, no se trata de definir cuántas EP deben ser eliminadas, sino de rehacer los roles de “lo público”. Que en los campos en que operan las empresas públicas, el gobierno (nacional o local) juegue él solo el rol rector (poner reglas del juego, aportar recursos, controlar y sancionar) en la prestación de servicios públicos, con probidad y experticia. Que se configuren instancias privadas, operadoras de tales servicios que privilegien tanto el interés público como la solvencia empresarial y la excelencia del servicio. (O)