Un nuevo capítulo de historia se abre en Colombia con la Presidencia de Gustavo Petro, quien está acordando un desarme total con los grupos guerrilleros y alcanzar una paz total. También ha manifestado categóricamente que la actual política antidrogas ha fracasado estruendosamente y ha conducido a los Estados a, inclusive, cometer delitos; que es necesario un acuerdo internacional para una nueva orientación para enfrentar el consumo de drogas. El Ecuador deberá dar una respuesta a estos planteamientos porque lo principal del problema nos viene de Colombia; como este país ha sido por muchos años el centro de la producción, del comercio y del combate a los estupefacientes, el nuestro deberá designar como contraparte a verdaderos conocedores de la materia, con práctica de largos años; es un punto neurálgico de la seguridad del Ecuador; no hay espacio ni tiempo para ensayar, experimentar, con funcionarios preparados intelectualmente para otras funciones. Esto es vital para la supervivencia del Ecuador.

El nuevo presidente colombiano, con el anuncio de su gabinete, que incluye a ministros de anteriores administraciones, todas de derecha, particularmente en relaciones exteriores, ha enviado un mensaje de apertura ideológica, que no se encasquilla en su posición de izquierda, que ha superado su posición de juventud de guerrillero del M19. Eso facilita la imprescindible cooperación entre los dos países; a pesar de la posición ideológica opuesta de sus partidarios que llegaron a abuchear al presidente ecuatoriano, y que más bien debe entenderse esto como un rechazo a la cercanía con Iván Duque y a su justificación del bombardeo a Ecuador por parte de Uribe.

El gobierno ecuatoriano también debería mostrar apertura fuera de su espacio ideológico; lo necesita: la insistencia de la Asamblea en casi todos los artículos objetados por la presidencia en su proyecto de ley del uso de la fuerza demuestra que los partidos de oposición tienen el dominio de la legislatura. Esto es una indicación del peligro que corre la ley de libertad de comunicación si el presidente no la objeta totalmente; si la objeción es parcial, la Asamblea puede insistir en su articulado y ¡adiós libertad de prensa! A más de la objeción total por inconveniencia, adicionalmente podría objetarla por inconstitucional, como propone León Roldós.

El espectáculo en el Consejo de Participación por la designación de superintendente de Bancos es deprimente; ternas mal hechas; recursos de protección, el uno aceptado por el Consejo antes de estar ejecutoriado, y solicitando nueva terna. La Corte Constitucional debería resolver y aclarar este galimatías. ¡Ah, si volviéramos a la Constitución del 98!

En buena hora el presidente de la República ha expedido un decreto anulando el del comienzo de su gobierno creando los consejeros ad honorem, pero lo hace en medio del escándalo de la investigada venta de cargos públicos. Desde su creación señalé que eso era ilegal, que debían registrar sus nombramientos y presentar declaración de bienes ante Contraloría. Las leyes obligan a todos; en derecho público no caben excepciones, no se puede inventar. (O)