La biotecnología utiliza formas de vida para crear o cambiar productos o procesos. Esta debe convertirse en fuente de ingresos para el país. Para ello debemos actualizar con pragmatismo nuestra legislación para beneficiarnos de las transferencias de tecnología, innovación, empleo calificado y dinero que ella genera en países desarrollados.

La biotecnología, a nivel global, ha crecido drásticamente, impulsada por la inversión privada y sus prodigiosos resultados. Estos son logrados muchas veces mediante el usufructo, casi nunca consentido, de los recursos genéticos de países en desarrollo.

La ‘cadena de valor’ de la biotecnología parte de la información genética digitalizada del ser vivo materia de estudio. Sobre esta se enfoca la investigación científica para generar la innovación buscada. Mucha de esta investigación es financiada por actores privados, que luego rentan de los resultados. Esto ocurre en los países desarrollados, bajo una lógica de mercado.

Pero la realidad difiere de la legislación internacional vigente. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), suscrito por 195 países en 1993 y el Protocolo de Nagoya (en vigor desde 2014), establecen que “El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos….” (CBD, artículo 15, numeral 5). El Protocolo de Nagoya en su artículo 5 norma que los beneficios “se compartirán de manera justa y equitativa con la Parte que aporta dichos recursos…”. Aclaro: ‘Parte’ equivale a ‘país’.

Ambos textos suponen una profunda cooperación entre los Gobiernos. Prevén que cada Gobierno debería legislar integralmente el manejo de sus recursos biológicos, ser ejecutores de funciones clave para la actividad y controladores eficaces. En la realidad, la cooperación entre países no ha existido. Los Gobiernos de países en desarrollo han dictado normas que inhiben la investigación en las universidades y animan a los emprendedores a operar sobre la información genética digitalizada, fuera del país fuente de los recursos biológicos. Esta actividad es imposible impedirla, pues la información genética ya se puede obtener con equipos portátiles cuyo costo es el de un celular de alta gama.

El primer desafío es sincerar la legislación nacional y que la inexistente cooperación internacional en esta materia sea reivindicada en nuestros futuros acuerdos comerciales. Que nuestra legislación faculte a las universidades a intervenir directamente en esta cadena de valor transnacional o a darle soporte a los emprendedores, respetando la información genética base como propiedad pública. Que permita que productores, emprendedores y comunidades sean propietarios de las innovaciones a lograr. Que aliente a la inversión nacional y extranjera a crear capacidades locales para la integración de actores locales con globales.

Potenciemos y formalicemos a la innovación creadora que hoy día o se inhibe o huye, por las hendijas del actual marco legal, a crear valor con nuestros recursos en otras sociedades. Que la biotecnología global no sea otro bus que se nos va. (O)