No es ilegal, pero a los ojos de la gente luce como una confesión de parte. Aunque se ha tornado un lugar común, no deja de ser menos cierto lo dicho por el gran Julio César: “La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecer honesta”. Lo dispuesto por la Dirección de Talento Humano de la Policía de retirar al personal de investigación de la Policía Judicial que presta sus servicios en la Fiscalía General, en medio de las investigaciones de presuntos actos de corrupción de las empresas del Estado, no es ilegal, pero es una estupidez y debió ser dejado sin efecto de inmediato para que no se lo interprete como un deseo de sabotear las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. No lo comprendió el Gobierno, y hoy, gracias a un recurso judicial, la Fiscalía seguirá contando con esos expertos. El decir del ministro del Interior, que otro personal idóneo reemplazará al actual, es solo una justificación escolar, porque el cambio interrumpe, de hecho, las investigaciones en curso mientras el nuevo personal se pone al corriente de lo que ya está en conocimiento de los actuales investigadores. Este atentado contra la independencia de la Fiscalía se dio después de que el Gobierno en su consulta reclamara la independencia de la Fiscalía. Esta intromisión en la justicia ha provocado la inmediata censura de las otras funciones del Estado: ya la formuló la Corte Nacional; también el Consejo de la Judicatura, y fueron abrumadoras las de los legisladores en la comisión de la Asamblea Nacional que investiga la corrupción en las empresas del Estado. Hay una protesta internacional de las fiscalías de América Latina. Todo esto pudo ser evitado dejando sin efecto, inmediatamente, los traslados de los policías a cargo de la investigación.

Pugna entre instituciones por rotación de agentes policiales designados a la Fiscalía trae nuevamente al debate la independencia de funciones

Son los órganos del poder público los que siembran la intranquilidad. Las declaraciones del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre un supuesto intento de fraude en las propias instalaciones de la función electoral en el Guayas, bajo sus propias narices, causan estupor y desprecio. Bastaba con volver a contar los votos donde hubiere dudas.

Mientras tanto, la nave del Estado navega al garete, y, si no se hace un examen de conciencia sobre los errores cometidos, las cosas empeorarán.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, bajo amenaza de un juicio político en la Asamblea Nacional

El peor error del presidente —y lo he dicho desde hace tiempo en mis artículos; lo hice en Vera a su manera— es el haber actuado más bien como gerente, acompañado de dependientes suyos del Banco Guayaquil, sin experiencia en el manejo de las cosas del Estado, y que, bajo el membrete de Ecuador Libre, han dispuesto de la administración y, señaladamente, de las empresas del Estado como si fuera un botín. Lo ocurrido en el escándalo denunciado por el medio digital La Posta debió ser conocido por todo este grupo que ha tenido cercado al presidente de la República; al grupo se le ocurrió hacer la consulta popular, y, con encuestador propio, anunció que vencería con el sí abrumadoramente; el 5 de febrero estaba todo dispuesto para celebrar no solamente la victoria, sino para anunciar la reelección futura, según relata un excolaborador. El poder nubla la vista. (O)