Desde que se formalizó la dolarización en Ecuador el Banco Central del Ecuador dejó de tener las características de un banco central tradicional: dejó de emitir moneda, consecuentemente, tampoco puede ser prestamista de última instancia. Desde entonces, la cantidad de circulante ha estado en piloto automático. Han pasado 21 años desde ese cambio y muchos políticos no han dejado de añorar la capacidad de ejercer una política monetaria.

Correa dijo que la moneda nacional era “el principal mecanismo de coordinación social” que permitía enfrentar las crisis. Dicha coordinación, claro está, suele hacerse socavando el derecho de propiedad de las personas sobre su dinero para monetizar el gasto de gobiernos manirrotos a través de un banco central, como lo vemos hoy en países como Argentina y Venezuela.

Cuando nuestra clase política pudo ejercer política monetaria, las crisis fiscales solían derivar en la desagradable dupla de inflación y devaluación. Esto a su vez se convirtió en una crisis financiera.

La dolarización no requiere protección de los políticos. El dólar cumple con las funciones de una moneda verdadera al ser un medio de cambio universal, depósito de valor y unidad de medida.

Dicho esto, al continuar con un modelo de represión financiera no hemos podido aprovechar al máximo las ventajas de estar dolarizados. Si deseamos acceder a tasas de interés mucho más bajas que las aquí vigentes, debemos internacionalizar el sistema financiero para lo cual no se requiere una mayor intervención de los políticos, sino más bien todo lo contrario.

Necesitamos un marco legal que simplifique las regulaciones y elimine toda restricción e impuestos sobre los flujos de capitales y que reduzca la carga tributaria a un nivel igual o más bajo que el de los centros financieros estrella, como Panamá. Ese país, que tiene más de un siglo dolarizado, solo tuvo un banco central durante una semana en su historia.

Lo cual nos trae de vuelta a la pregunta ¿para qué necesitamos un banco central en dolarización? Su mera existencia ha demostrado ser una tentación irresistible para políticos, quienes lo han utilizado para realizar todo tipo de travesuras que si bien no pusieron en riesgo la dolarización –que depende principalmente de la preferencia de los ecuatorianos por el dólar frente a las alternativas reales disponibles– sí han amenazado la estabilidad del sistema financiero.

Las reformas propuestas al Código Monetario y Financiero conviene que sean aprobadas, aunque son solo un parche, que fácilmente pueden ser removidas por un próximo gobierno. Si no se logra que la Asamblea apruebe dichas reformas, está en manos del Gobierno actual por lo menos dejar de obligar a los bancos a depositar sus reservas en el Banco Central. De esta manera se restablecería el sano divorcio entre las finanzas estatales y las privadas.

Nada más seguro e irreversible que eliminar el BCE. Se fortalecería la supervisión bancaria a cargo de la Superintendencia de Bancos, la compensación la realizarían cámaras privadas, la información estadística la proveería el INEC y las cuentas del Estado, las empresas estatales, el IESS, municipios, prefecturas serían manejadas por los bancos estatales existentes y los billetes dañados serían cambiados por los bancos privados. (O)