A raíz del horrendo asesinato de María Belén, que ha conmovido las fibras del corazón de todos los ecuatorianos, se ha levantado un clamor generalizado demandando justicia. Como es natural, la demanda de castigo para el culpable y quienes hayan contribuido a la perpetración del crimen cobra los más diversos tonos y propuestas; y al haber tenido lugar el crimen en la Escuela de Policía, la furia popular se proyecta sobre la institución policial. Pero toca al Gobierno nacional encontrar medidas serenas para hacer justicia sin volar cabezas con palo de ciego, y hallar soluciones institucionales de largo plazo.

Lo más aconsejado, el volver a las prácticas que en la vida republicana probaron ser eficientes. Toda la seguridad interna debe estar a cargo de un solo ministerio, el de Gobierno; y bajo su égida debe estar la institución policial. Fue un error el fraccionar el Ministerio de Gobierno. El Ministerio del Interior está circunscrito al Comando de la Policía; mientras que el ministro de Gobierno ha perdido significación en la conducción política; si el ministro de Gobierno no tiene a su cargo el manejo de la Policía, carece de autoridad; a este error de concepción se ha añadido la extraña creación de una Secretaría de Seguridad que ningún rol ha jugado en esta crisis, porque no tiene funciones propias. Estos últimos ministros tienen preparación intelectual notoria, pero están limitados por este defecto estructural. En el pasado condujeron al país con grande autoridad los ministros de Gobierno emblemáticos Camilo Ponce Enríquez y Carlos Guevara Moreno.

Un teléfono celular, una billetera y pantuflas de María Belén Bernal se encontraron en el edificio de la escuela policial conocido como castillo de Grayskull

¿Por qué al edificio policial que será demolido se lo llama castillo de Grayskull?

En la Policía vemos confundida la autoridad: el ministro, un excomandante y el comandante actual. Con la nueva designación de ministro del Interior, un teniente coronel de Policía, se falta a la jerarquía castrense, lo que será contraproducente. Como principio general, la institución policial debe responder a un ministro civil. Este es el vínculo entre el poder civil y las instituciones castrenses. Así ocurre en las principales democracias. El presidente Trump, para designar a un general como ministro de Defensa, tuvo que pedir autorización expresa del Senado, porque contrariaba a la tradición de proteger la democracia. La Policía depende de los estados en Estados Unidos.

Por el crimen, el presidente ha dispuesto que pida su disponibilidad, su baja, todo el alto mando policial, lo que deja sin autoridad definida a la institución y la sociedad parece en indefensión; y se cometerán injusticias, porque la mayor parte no tiene responsabilidad en el asunto; debe estar dando gritos de alegría el crimen, organizado o no. El levantar el prestigio de la Policía Nacional requiere de una autoridad superior de orden civil, que necesitará tiempo y trabajo constante. Y hay que contar con la participación de la mujer; más en este caso de femicidio y de abuso infame a las cadetes. Hay que acabar con el cobarde machismo. Sin una participación externa civil, todo esfuerzo será en vano. Se comprende el deseo del presidente de una rápida captura del presunto culpable, pero eso depende de factores desconocidos. No se comprende el derruir un edificio, temo que lo glosarían. ¡Suban la recompensa veinte veces! (O)