La afectación sobre nuestro recurso ictícola, debido a la pesca sin control por grades flotas extranjeras en la altamar contigua a nuestra frontera marítima insular (Galápagos) y continental desde hace algunos años, llevó al Gobierno a integrar una comisión público-privada compuesta por el canciller y dos ecologistas para establecer una estrategia de protección de las islas. Estaba claro que el resultado sería una propuesta ecológica, al no incluir otros actores: defensa, pesca, ambiente y pescadores artesanales e industriales ecuatorianos.

¿Qué dicen los algunos actores involucrados en la estrategia o propuesta ecológica?

Una organización internacional (ONG) presentó al presidente de la República la propuesta “conversión de deuda por naturaleza”. Consiste en: inversionistas comprarían a tenedores de bonos 2030 nuestra deuda externa con descuento del 40%, y una vez en sus manos los compraría el Estado, pero a través de una ONG que la administraría; la condición es que la Reserva Marina de 40 millas alrededor de Galápagos aumente a 180 millas.

Los ecologistas ecuatorianos de la comisión son o han sido miembros o directivos de otras ONG diferentes a la proponente; además, en redes sociales se pueden observar videos de peces nadando apaciblemente en el océano, haciendo notar indirectamente la poca capacidad de nuestro Estado para protegerlos.

El Estado ecuatoriano es soberano, independiente, unitario… (art. 1 Constitución), refirió el ministro de Defensa y declaró que el “Estado no puede ceder soberanía ni por dinero ni por otra circunstancia”. No conozco la posición del canciller miembro de la comisión nombrada, de autoridades del Ambiente y Pesca ni del presidente de la República.

Los pescadores artesanales e industriales organizados que utilizan nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 180 millas manifiestan que no están de acuerdo con la propuesta, porque les afectaría directamente al reducir las áreas de faena y obligaría a navegar más millas, incrementado el tiempo y costos, afectando sus ingresos y producción.

Los tenedores de bonos de deuda externa tienen justa aspiración de invertir, especular y ganar. Es un actor, que puede negociar en el mercado secundario a otros inversionistas a menor precio que su valor nominal. Se entiende que el Estado deudor no puede comprar, porque sería trampa; allí asoman ciertos ecologistas para supuestamente beneficiar a nuestro Estado, librándole de un gran porcentaje de su deuda, pero condicionado al país a sus requerimientos de administración e injerencia directa en nuestra soberanía.

La posición del ministro de Defensa es correcta: la soberanía no se vende o intercambia, lo acertado es fortalecer nuestra Marina para incrementar el control del mar; también es congruente lo manifestado por las organizaciones de pescadores artesanales e industriales directamente afectados; la tarea de los ecologistas es autoimpuesta, voluntaria, aceptable y meritoria, pero cuando de dinero del Estado se trata, ¡ojo avizor!, para identificar magos, lobistas o verdaderos beneficiarios.

¡No magia o negociación sobre nuestra soberanía! (O)