Uno de los mayores problemas que frenan el crecimiento y desarrollo económico de un país, sin duda, tiene relación con la estructura centralista del Estado en la que las provincias satélites, con la paciencia bíblica de Job, deben esperar un largo tiempo para recibir una respuesta respecto de la demanda de obras y servicios para sus comunidades. Hasta tanto, la infinidad de procedimientos, de informes, aprobaciones, vistos buenos y firmas por aquí y por allá, lo que hacen es postergar la atención de las necesidades en función de lo que decida el ogro estatal. Así, el derecho a recibir un tratamiento justo y equitativo desde el nivel central termina con ese mal sabor de estar en la práctica mendigando recursos al recoger migajas de ese pastel llamado presupuesto general.

Entonces, la periferia está en manos de una burocracia que apoltronada detrás de un escritorio resuelve –a veces hasta con el hígado– qué se aprueba o no de la planificación y con ello se abre la posibilidad de resolver problemas o simplemente de agudizarlos desde la insensibilidad que representa tomar decisiones a control remoto.

Un ejemplo de ello constituye el planteamiento efectuado por la provincia de Loja, desde hace ya varios años, de contar con una carretera de cuatro carriles que conecte a la capital provincial con su aeropuerto, más aún al considerarse esa arteria vial como un ‘nodo logístico’ del corredor minero en la zona sur. Lo cierto es que han transcurrido dos regímenes y andamos un tercero: (‘La revolución ciudadana’; ‘El gobierno de todos’; y, ‘Gobierno del encuentro’) y esta obra no pasa de los estudios y de los ofrecimientos de un Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ni siquiera la reversión del convenio de la delegación de competencias entre el MTOP y el Municipio de Loja ha podido deshacerlo en derecho.

Y esto del tratamiento diferenciado que reciben las provincias es un hecho real, bastante objetivo. Basta mirar, por ejemplo, que para acceder al aeropuerto de Quito se dispone de varias alternativas, esto es, vía de integración de los valles (Ruta Viva); autopista Collas-Aeropuerto; vía Interoceánica; Intervalles y la arteria E-35. En el caso de Loja, apenas se dispone de una carretera de dos carriles que no supera los 40 kilómetros de longitud y que su deplorable estado genera congestionamiento vehicular por la presencia de transporte pesado, así como peligro al utilizar una vía plagada de baches.

En este punto nos preguntamos: ¿en qué queda la disposición constitucional de dar atención preferente a las zonas de frontera para afianzar su desarrollo socioeconómico? Otra vez el papel ‘aguanta’ todo y la norma suprema convertida en papel mojado.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas dice que el proyecto se ejecutará bajo el modelo de concesión al sector privado con una inversión total de 204 millones de dólares, que incluye el mantenimiento de la vía durante 30 años. En otras palabras, seremos los propios lojanos, usuarios de la carretera, quienes terminemos financiándola; no obstante, en tiempos preelectorales este tema ya viene siendo utilizado como herramienta de promoción de una clase política de tercera... (O)