a alcaldesa de Guayaquil lanzó una proclama política “los inocentes deben portar armas”, sin duda hay causas como: las muertes violentas resultado de una guerra entre organizaciones criminales por el control de cárceles; el sicariato actúa en cualquier lugar; el aumento de asaltos, robos y secuestros. Los delitos se conocen por: videos, audios, fotografías y amenazas enviadas por personas privadas de la libertad; informes de autoridades y reportajes de periodistas; comentarios de familiares, amigos o vecinos que han sido víctimas. Cualquier análisis lleva a dos conclusiones: el incremento de la inseguridad y la incapacidad del Estado para resolver.

El presidente Lasso dijo en campaña que habría libre porte de armas, primero podría derogar el decreto ejecutivo 749 (28 abril 2011), firmado por el expresidente Correa, que prohíbe el porte de armas con excepciones, que incide en la aplicación de la ley y reglamento para “Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Art. 77.- Las personas naturales podrán obtener permisos para portar un arma para su defensa personal y otra (…). En casos especiales y previa justificación de la necesidad, se autorizará hasta un máximo de dos armas …”. Con la derogatoria cambiarían las resoluciones restrictivas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el porte de armas.

El incumplimiento de la ley es sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) “Art. 360.- (…) La persona que tenga armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma (…). La persona que porte armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

Es increíble que militares y policías en servicio activo no puedan portar el arma asignada por el Estado porque solo es para operativos dispuestos o “actos del servicio”. Meditemos sobre estos casos: un policía enfrentó unos delincuentes cuando estuvo ‘franco’ o día libre y está siendo juzgado por el delito de “extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”; un marino uniformado y desarmado fue lanzado por delincuentes que asaltaron un bus de pasajeros cuando se dirigía a su casa, estuvo en estado crítico; hay amenazas contra militares por la intervención en la cárcel; en conclusión, las Fuerzas Armadas están desarmadas; la Policía Nacional con tolete y gas; y los asesinos acechan con piedra, cuchillo, pistola, fusil o granada.

Los militares por decreto ejecutivo de estado de excepción apoyan a la Policía y SNAI para controlar la penitenciaría de Guayaquil, además, hacen presencia en las calles realizando control de porte de armas; si hubiera un enfrentamiento, no disponen del procedimiento para el uso progresivo de la fuerza que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

¿Hay voluntad, decisión y unidad política para cambiar la Constitución y leyes para neutralizar la delincuencia?, si no seguiremos asistiendo a discursos políticos popularmente emotivos con el controvertido tema del libre porte de armas. (O)