Independientemente de la afinidad política de quienes ejerzan las funciones de consejeros del CPCCS, la creación y la existencia de este organismo por la Constitución de Montecristi ha sido la más grave herida infringida a la democracia de nuestro país. Aún sangra.

Esa es la razón por la que muchos ecuatorianos abogamos por su desaparición o desapoderamiento sin éxito, con el mea culpa de haber aprobado su creación, como resultado del sacrificio político ciudadano inducido constitucionalmente. Dimos vida a Saturno, que devora a sus hijas, las herramientas de la democracia.

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Se llega a él por medio de elección directa popular ciudadana, lo que no desvanece en absoluto las falencias democráticas de su existencia.

Somos probablemente el único caso en el mundo democrático con un organismo con estas características y atribuciones, excepto quizás el politburó de Moscú, que inicialmente y por coincidencia funcionó con el mismo número de integrantes que el del CPCCS.

Visto de otro modo

Con este organismo desaparece el sistema de pesos y contrapesos de las funciones del Estado de derecho, base esencial de la democracia. Es el poder de las minorías, convertidas en mayorías por la fortaleza que les proporciona la debilidad de los 270 partidos y movimientos políticos permitidos legalmente, que atomizan la voluntad popular. Ninguna democracia otorga este poder ilimitado a las mayorías democráticas, peor aún si se trata de minorías mayoritarias.

Un organismo de las características y poderes atribuido a siete personas, de las que en la práctica con tan solo cuatro someten a su voluntad a los 17 millones de ecuatorianos, suplantando su capacidad de elegir y designar a los personeros de las herramientas o fuentes reales del poder, es inconcebible democráticamente. Lamentablemente, es nuestra realidad.

Las reglas no escritas de la política requieren que, para que exista una democracia, deben confluir por lo menos dos fuerzas políticas: el Gobierno y la oposición. Sin una de ellas desaparece la democracia.

Lo que sabemos y callamos sobre la democracia

Cualquier oposición, además de fiscalizadora constitucional del régimen, requiere laboralmente siempre de un “corrupto”, de un “enemigo del pueblo” o de un “dictador”, igual que el boxeador requiere del saco de boxeo para entrenar, para golpearlo políticamente.

Dentro de la contienda democrática ecuatoriana, la oposición legislativa debe aplicar el juego limpio, sin golpes bajos, para la supervivencia de su rival, de la que depende la propia de ella. Violar la regla pondría al régimen ecuatoriano contra las cuerdas, sin gobernabilidad, obligándolo a la muerte cruzada, único recurso constitucional a su alcance, que indudablemente debilitaría aún más la democracia, arrastrando con ella a tirios y troyanos a un futuro incierto.

Mantener la democracia aun con sus debilidades, sin carta abierta al régimen, es el imperativo ciudadano que otorgue al Gobierno la gobernabilidad para subsistir constitucionalmente, evitando que entremos en barrena institucional de pronóstico reservado, generando mayor inseguridad y violencia en las calles, con las que seguramente desaparecería el Estado de derecho. (O)