El reciente anuncio de que la Cámara Baja del Parlamento alemán está preparando una resolución en el sentido de que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria para todos los habitantes alemanes ha traído consigo un amplio debate respecto de dicha medida, con un importante rechazo por parte de quienes consideran que es una restricción a la libertad individual; por ahora, el Gobierno alemán ha impuesto lo que se considera un “confinamiento de facto” a los no vacunados, a tal punto de que no podrán entrar en ningún lugar público, salvo para comprar comida y medicinas, ni se podrán reunir con dos personas a la vez, fuera de su grupo familiar.

La razón básica que obliga a la imposición de tales medidas en Alemania tiene relación con una nueva ola de contagios con el 68,7 % de su población vacunada, uno de los porcentajes más bajos de Europa occidental. Sin embargo, fue Austria el primer país en Europa que anunció que todos sus residentes tendrán la obligación de vacunarse contra el COVID-19 a partir de febrero del próximo año; quienes se nieguen recibirán multas de hasta 7.200 euros, lo que a su vez originó una serie de protestas públicas por parte de quienes consideran que la imposición de la vacuna es una vergüenza que debe ser rechazada rotundamente. En esa línea se argumenta que la imposición de multas y sanciones es la forma más idónea para hacer efectiva la vacunación obligatoria.

Revisando un poco la historia, se puede mencionar que más allá de ciertos antecedentes relacionados con la vacuna contra la viruela, recién a mediados del siglo XIX hay indicios de la vacunación obligatoria, tomando el caso de Inglaterra y Gales que en el año de 1853 exigieron que los infantes sean vacunados contra la viruela. Ahora bien, dada la resistencia por parte de quienes se oponen a vacunarse por distintas razones, algunas muy coherentes, otras ciertamente afrentosas, hay organismos que señalan que la obligatoriedad de la vacuna es un objetivo muy difícil de cumplir, y que es preferible trabajar con campañas de información, poniendo énfasis en la responsabilidad individual frente a los requerimientos de la ley. En Ecuador se sostiene que las vacunas no pueden ser obligatorias debido al “libre desarrollo de la personalidad”, que es “un derecho que le permite al ciudadano tomar las decisiones que considere más oportunas para su vida, según lo que cree o piense”, citando una información publicada en este Diario hace algunos días.

Lo único cierto es que la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 enciende apasionados debates y encuentra opiniones divididas en todos los países en donde se la quiere imponer. En medio de la discusión aparecen factores éticos y legales que varían de conformidad con la idiosincrasia de cada Estado, especialmente si se toma en cuenta que el objetivo esencial es proteger a toda la sociedad. A propósito de este tema, sería interesante conocer las razones de los “antivacunas acérrimos” que también hay en el país, con el fin de contrastar su opinión con las de quienes argumentan que cuando se trata de proteger a toda la sociedad, no hay razón que sostenga lo contrario. (O)