Somos un país que a lo largo de su historia republicana ha padecido de crisis de toda naturaleza: políticas, desde 1830; económicas, como la del feriado bancario; morales, desde la venta de la bandera; bélicas, como la de 1942; y terremotos, como los de Ambato, Esmeraldas y Pedernales.

Carlos Julio Arosemena Monroy decía, con razón, que el Ecuador es como un corcho, que por más que nos hundimos en una crisis, que amenaza con desaparecernos, siempre salimos a flote. Pero la actual crisis, moral y judicial, jamás antes vista, amenaza con hacer implosionar el Estado de derecho, extinguiéndolo para convertirlo en fallido.

La justicia constituye la piedra fundamental sobre la que se levanta el Estado de derecho; convertido en Estado constitucional de derechos, se lesiona, ocultándose cada día más, cuando en forma vaga e imprecisa se establecen en él normas populistas e indiscriminadas que han permitido el abuso judicial de las garantías constitucionales, resultado de la bomba de tiempo activada en la Constitución del 2008. Finalmente está explotando.

La desconfianza ciudadana en el Poder Judicial, en más de un 70 %, indica que en realidad el problema del sistema no es coyuntural, sino estructural. Se permite el libertinaje judicial delincuencial constitucional, en la aplicación de medidas de protección, con la consecuente corrupción generalizada –con las debidas excepciones– imperante en la Función Judicial. Todo esto mantiene alarmada a la ciudadanía.

La justicia en casi todo el país ha sido materia de críticas severas, por fallos judiciales derivadas de la singular actividad procesal de sus jueces, sin que se vea por parte del Consejo de la Judicatura resoluciones definitivas sancionadoras, por faltas gravísimas incurridas por los jueces, declaradas judicialmente. Cuando las imponen, y son apeladas por sus infractores, debido a la inercia en defender lo adecuado de la sanción, son revocadas y brevemente reintegrados los sancionados.

Pocas noches atrás, el periodista Carlos Vera, en su programa televisivo en canal 10, entrevistó al Dr. Daniel Andrés Kuri García, hasta hace poco tiempo director provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. El Dr. Kuri, en dicha entrevista, formuló declaraciones que afectan muy seriamente el desempeño de dos directores del Consejo Nacional de la Judicatura y que confirmaron la sospecha existente en el foro: que en el seno del Consejo de la Judicatura no ha desaparecido la metida de manos a la justicia, especialmente en el cantón Samborondón. Exige una investigación exhaustiva.

La inercia en adoptar medidas correctivas inmediatas, por quienes les corresponde hacerlo, es lo que llevado al jefe de Estado a la convocatoria a una reunión conjunta, con los representantes de la Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y fiscal general. Esperamos como resultado de la convocatoria presidencial una decisión conjunta de sus integrantes acerca de la adopción de medidas urgentes, drásticas y ejemplarizadoras, que devuelvan a la ciudadana la confianza de que subsistiremos como un Estado de derecho. ¡La nación espera! (O)