Más de siete meses han transcurrido desde que el presidente Lasso enviara a la Asamblea un proyecto de ley en el que se sustituía lo que quedaba de la oprobiosa ley mordaza por una ley que más bien proteja, fomente y defienda a la libertad de expresión en nuestro país. Como se lo hizo notar en su momento, el proyecto prácticamente reproduce las reglas y estándares que sobre libertad de expresión ha aprobado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De aprobarse el proyecto de ley, el Ecuador sería probablemente uno de los pocos países, si no el único, que haya incorporado a su derecho interno un instrumento internacional sobre derechos humanos. Los Estados son generalmente renuentes a dar este paso y prefieren mantener a dichos instrumentos en el plano internacional y simplemente escoger de ellos uno que otro asunto que les parece conveniente. Uno de los ejes fundamentales del proyecto es el reformar nuestra legislación penal interna para hacerla compatible con el derecho internacional de derechos humanos, específicamente derogando del Código Penal las llamadas infracciones contra el honor y dejando que las reparaciones por tales infracciones se ventilen ante la justicia civil. La práctica de usar y manipular a la justicia penal presentando querellas penales invocando ofensas, calumnias y demás figuras relacionadas con el honor de las personas se ha transformado en la actualidad en un simple mecanismo de coerción para silenciar y atemorizar a quienes se atreven a denunciar actos de corrupción, ya sea periodistas, abogados, políticos o simples ciudadanos. Es lo que hoy se ha dado en llamar por la jurisprudencia y academia de derechos humanos como “demandas estratégicas. Se recurre a la justicia penal presentando querellas o demandas invocando la defensa del honor o de cualquier otro bien jurídico, con el único fin de acallar las denuncias de corrupción o, en otros casos, para llegar inclusive a acuerdos comerciales. Lo grave es que haya abogados, fiscales y jueces que se presten para este chantaje, con lo cual se cierra un círculo de impunidad y vergüenza.

Pero nada ha hecho la Asamblea con el mencionado proyecto de ley. El mismo empeño que tuvieron muchos asambleístas para crear el tinglado de los Pandora Papers y buscar un golpe de Estado deberían exhibirlo en aprobar una ley de gran importancia para la democracia ecuatoriana. El hecho de que la ley mordaza haya respondido a una consulta popular no la vuelve por ello intocable. Las consultas populares por ser tales no son dioses. Las peores barbaridades se han cometido en la historia a través de plebiscitos tal como lo testimonian la Alemania nazi o la Rusia soviética. Hoy el Ecuador ha sido condenado por una corte internacional como violador de obligaciones derivadas de un tratado internacional. Es una de las más graves ignominias que puede sufrir un Estado moderno sometido al derecho internacional. Ya no se trata solamente de haber violado tratados internacionales sobre protección de inversiones. A ello se añade ahora la violación de un tratado de derechos humanos. Y buena parte de estas violaciones se derivan de jueces que dan la espalda al derecho para bajar la cabeza ante el poder, ante el poder del dinero o la política. (O)