El presidente de la Corte Nacional –que va para un año en su cargo– debería iniciar el procedimiento de extradición en contra del exdictador. No hay razón para demorar más este procedimiento. La sentencia que lo condenó está firme. Todos los recursos ordinarios fueron agotados por la defensa de este individuo. Es público y notorio que él reside en Bélgica, país con el cual el Ecuador mantiene un tratado de extradición; un poco antiguo, ciertamente, pero que sigue vigente. Se sabe, además, que la cantaleta de sus corifeos de que la sentencia iba a ser impugnada ante un tribunal internacional fue puro cuento. Lo que sucedió es que tuvieron miedo de acudir ante el sistema interamericano de derechos humanos, pues, sabían que su pretensión sería rechazada. La sentencia que lo condenó a él y a otros secuaces cumple de largo con los estándares internacionales. La labor de la fiscal general en este caso fue ejemplar, así como la de los jueces que conocieron del caso; magistrados que, de paso, habían sido designados por los propios alcahuetes de la dictadura correísta. No hay justificación entonces para dilatar más la extradición del dictador prófugo. La ley no puede hacer excepciones. Que si conviene o no enviarlo a Latacunga es un asunto que no debería ni siquiera discutirse. El Ecuador lleva años siendo pisoteado y abofeteado por una clase política y un sistema judicial que, con pocas excepciones, apesta a podrido. La arrogancia del juez de Manglaralto, su abierta burla a la justicia, su completa impunidad, su chabacanería, su desprecio por la ley y por la dignidad de su cargo son una afrenta a los millones de ecuatorianos que aún creen en la decencia y que aún aman a este país. ¿Cómo es posible que este individuo haya llegado a ser juez? ¿Cómo es posible que nuestro sistema judicial pueda otorgar el poder de dictar justicia a un señor como este? Es el colmo que en nuestro país un condenado a prisión por fraude salga libre gracias a otro fraude.

La extradición al exdictador prófugo no debería ser un procedimiento muy complejo. Y si lo fuese, con mayor razón habría que comenzarlo a la brevedad. La ley no da ningún margen de discrecionalidad a las autoridades encargadas de llevarlo a cabo. El lenguaje de las normas es mandatorio. Deben tenerse presente las malas experiencias que el Ecuador ha tenido con procesos similares. No sería de extrañarse que muchos de esos fracasos se hayan debido a que los funcionarios ecuatorianos, en complicidad con los prófugos, hicieron mal los trámites intencionalmente para que sean rechazados en el exterior. Tal es el caso, al parecer, de las traducciones de los expedientes. En ocasiones son traducciones hechas tan mal que parecería que lo hacen exprofeso. Cabe anotar que Bélgica aparte de ser signataria de un tratado bilateral de extradición con el Ecuador, es, al igual que nosotros, parte de la convención mundial de las Naciones Unidas contra la corrupción. No solo que el exdictador prófugo se pasea por el mundo en avión privado conspirando contra nuestra democracia, sino que encima tiene el descaro de presentarse junto con el Grupo de Puebla, como uno de los ahijados del dictador ruso Vladimir Putin.

El país está a la espera de que el máximo personero del más alto tribunal de justicia cumpla con la ley. (O)