Hace 27 años, ejerciendo la Vicepresidencia de la República, denuncié al país que ciertos partidos y legisladores chantajeaban al Gobierno, pidiéndole prebendas a cambio del voto para leyes que eran vitales para el desarrollo del Ecuador.

Pedían partidas extrapresupuestarias, las cuales eran supuestamente utilizadas para obras en sus provincias. La voracidad aumentaba, y cada vez pedían más. Entonces empecé a recorrer el país y a investigar las “obras”: aceras y bordillos donde ya existían, destruían los viejos para hacerlos nuevamente; velódromos en lugares donde nadie ponía en ellos una bicicleta; escuelas en peñascos casi inaccesibles; la lista era interminable. Mostré al país fotos, indiqué los lugares donde esas obras se habían hecho. Empecé a recorrer las provincias para explicar esto a los ciudadanos. La respuesta no se dejó esperar, fraguaron una tramoya sobre los gastos reservados, donde jamás pudieron probar que me había llevado un centavo para mi beneficio personal, y me llevaron a un juicio político, en el cual la contundencia de mis argumentos hizo que, a pesar del odio, no hubieran los votos para censurarme. Esta denuncia sobre la corrupción de sectores de la Asamblea, llevó a que se diera el golpe de Estado de iniciar un juicio inicuo en mi contra a través de la entonces Corte Suprema de Justicia, juicio que fue dos veces (hecho insólito) anulado por CSJ posteriores.

El diputado de aquel entonces que lideró el juicio político en mi contra perdió su visa de EE. UU. por corrupción en el manejo de las cortes ecuatorianas. A mí, con una orden de prisión en el Ecuador jamás me la quitaron, cosa que siempre agradeceré, porque ese país sí sabe dónde está la verdad. El juez que presidió la CSJ y actuó en mi contra participó luego en un intento de golpe de Estado, (díganme en qué país un presidente de CSJ es parte de un triunvirato que derroca a un gobierno democrático) y ha vivido en el anonimato de la mediocridad.

Luego del golpe de Estado contra el vicepresidente de aquel entonces, se sucedieron en secuencia la destitución ilegal de Abdalá Bucaram, el no permitir que Rosalía Arteaga sea la legítima presidente, el perseguir a Fabián Alarcón, la destitución de Mahuad, el golpe de Estado fallido, el juicio infame contra Gustavo Noboa (Voy a perseguirlo como perro muerto de hambre), y la destitución ilegal de Lucio Gutiérrez. Una secuencia en la cual el país sufrió también, en buena parte por esa inestabilidad política, el episodio económico más duro de su historia que derivó en la dolarización.

Con estos antecedentes se me hace muy difícil no creer en la denuncia del presidente de la república. Más allá de lo que la Fiscalía deba hacer, o de las pruebas que supuestamente debe presentar, el país tiene que hacer una profunda reflexión. Este chantaje se ha dado en el pasado, y no hay razón para que no se esté dando ahora.

Y la reflexión nos debe llevar a ver que los estudiantes copian en el colegio y en las universidades, que los trámites se cobran en las entidades públicas y que muchos burócratas viven de eso, que los empresarios consiguen dádivas y regalos de los gobiernos, para su propio beneficio y no del país, que las licitaciones se amarran, con condiciones y bases manejadas con “los de adentro” de tal suerte que el concurso aparece como honesto. Que los vigilantes de tránsito se paran en lugares estratégicos para “pescar”, que muchos quienes hacen opinión venden denuncias o silencios, que desde la Presidencia de la República en el gobierno de las FaRC se ordenó por escrito que jamás se dé la razón en la judicatura a quien litigue contra el Estado, y que desde ahí mismo se redactaban sentencias en contra de quienes el presidente veía como sus enemigos. Y qué decir del sistema judicial. He conversado personalmente con policías que me dicen que los más frustrante para ellos es ver en la calle nuevamente a quienes cogieron presos, y que esos sujetos les dicen sueltos de huesos: “pero mi clase, yo le dije que arregláramos entre nosotros; mejor se llevaba usted el billete y no el fiscal o el juez”.

La lista de estas realidades puede llevar páginas. La denuncia del presidente va al corazón de esto que se llama patria, y que tan poco la sentimos los ecuatorianos. No se la siente cuando el Ecuador clasifica a Catar, se la siente cuando en el día a día, cada ciudadano, desde el Presidente hasta quien realiza las labores más sencillas, lo hace cumpliendo el deber y enarbolando la bandera de la honradez material e intelectual.

El Ecuador está en ese preciso momento, dado el entorno político, económico y social, de entender que el desarrollo económico, la derrota de la pobreza, el logro de la equidad que tanto anhelamos, el progreso material y espiritual de una nación, es un proceso de varias décadas en que toda la sociedad se compromete con una agenda, y no solo el Gobierno, o tal partido, o tal sector. El drama que vivimos hoy debe llevarnos a ese diálogo, a buscar esa agenda nacional. De otra suerte no podremos salir jamás del agujero en el cual estamos.

Y he escrito todo lo anterior, no desde el punto de vista de teorías, sino de la realidad, pues cuando puse mi grano de arena junto al presidente Durán Ballén, en el más serio esfuerzo que se hizo en este país por tomar ese camino de modernizarnos, el precio que pagué fue muy alto por haber luchado contra las mafias de la corrupción. (O)