El próximo 20 de febrero, las Naciones Unidas conmemoran el Día mundial de la justicia social; una celebración marcada por la fragilidad de un objetivo del desarrollo sostenible, que gana protagonismo en la retórica política electoral, pero pierde credibilidad en el momento de llevarlo a la práctica. Accionar la justicia social desde la dimensión privada potencializa el valor de la empresa en tres ambiciones del progreso: reducir la pobreza y la desigualdad, impulsar la inclusión y la equidad y proteger el medioambiente.

Tres frentes que exigen instrumentar la acción empresarial a través del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para crear un sistema de gestión sostenible que garantice el equilibrio entre los intereses por generar rentabilidad y al mismo tiempo valor social compartido, porque una empresa de derechos sostiene una economía de derechos.

Elevar la responsabilidad empresarial hacia la justicia social como habilitadora del progreso exige una transformación tridimensional: digital, inclusiva y ambiental, que impacta directamente en la productividad y la competitividad empresarial, así como en el bienestar social. Una transformación, estratégica y moral, que construye alianzas entre los negocios y la población de bajos ingresos para el beneficio de ambos, creando un modelo de empresas sostenibles, sean estas grandes, medianas o pequeñas, que maximicen su conocimiento y capacidad técnica para expandir su cadena de valor hacia la población más vulnerable como objetivo estratégico.

Accionar esta transformación implica acelerar la inclusión digital, para conectar de manera directa a las empresas con la población que más sufre la brecha digital, con especial énfasis en las mujeres, personas mayores, minorías raciales y étnicas, personas en situación de discapacidad y poblaciones rurales con bajos ingresos. Crear una red empresarial que estimule la inclusión digital representa la oportunidad de integrar una nueva fuerza laboral para desarrollar, de manera remota, un trabajo decente que estimule el aprendizaje digital, la creación virtual y el emprendimiento. Toda intervención social responsable integra el factor ambiental como estándar fundamental de sostenibilidad. Una cultura de trabajo ecoeficiente garantiza resultados económicos con un balance ambiental positivo.

La condición para el éxito de esta transformación es equilibrar la gestión transaccional cortoplacista de las empresas (shareholders) con la visión del impacto social de su ecosistema (stakeholders). El justo equilibrio de los intereses empresariales y sociales garantizan la sostenibilidad del sistema productivo y comercial, que lejos de ser altruismo o caridad filantrópica, es un acto de lógica económica y sentido común.

Invertir en el impulso de la justicia social desde el sector empresarial no pretende sustituir la obligación positiva del Estado de ser su garante, pero sí crear un propósito común que integre destreza tecnocrática y consenso político para llevar la justicia social a la acción. Un consenso que nos inspire a crear una sociedad igualitaria, inclusiva y responsable. (O)