Si hacemos la analogía de que el Estado ecuatoriano es una gran empresa, podremos asumir que todas sus operaciones para generar riqueza obedecen a estrategias empresariales competitivas. Pongamos un ejemplo de un sector de esta gran compañía llamada “Ecuador” y hablemos del sector de las telecomunicaciones. A principios de la década de los 80, el mercado era monopolista, es decir, el desarrollo del sector se veía limitado al marco institucional de cada Estado. El suministro de un servicio de comunicación era considerado un monopolio natural, basado en economías de escala. Por ello, en la mayoría de países existía un proveedor de este servicio de carácter imperativo. Haciendo un repaso por las grandes potencias puede comprobarse cómo en Reino Unido era British Telecom, en Alemania Deutsche Telekom, en Japón NTT, en Estados Unidos AT&T y, por supuesto, en Ecuador operaba una de ellas.

Algún tiempo antes del boom tecnológico de los años 90, la Unión Europea inició un proceso liberalizador que de forma progresiva introdujo las reglas y principios básicos de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Esta acción plasmó los conceptos de un marco regulador, ya que la liberalización del sector sin la fijación de unas normas sobre la competencia habría propiciado que nuevos competidores no fueran capaces de entrar en el mercado y competir con la compañía existente al estar en clara desigualdad. Entonces ya no existía un monopolio y existían más competidores. Si nos damos cuenta, esto también sucedió en el país y ahora tenemos operadoras como CNT, Claro, Movistar y otras.

Posterior a esto, el mundo ha venido implementando medidas alternativas que ayudan a sus empresas a afianzarse en el proceso de globalización, digitalización y migración hacia los servicios automatizados. Como parte de estas estrategias, el mundo entero ha realizado procesos de concesión, privatización, venta y demás figuras que ayudan a enmarcar un crecimiento económico para cada nación, para resolver crisis financieras o implementar un proceso de aprendizaje técnico hasta poder ser capaces de desarrollar tecnología propia. En el Ecuador, estamos justamente viviendo dicho proceso en donde el Estado, debido al crecimiento desmedido del sector estatal, busca que la empresa privada opere cierta infraestructura que resulta poco productiva financiera y técnicamente, a fin de apuntalar otros factores como el empleo adecuado y liquidez económica. Ahora, así como el mundo se ve inmerso en la siguiente etapa de la privatización y concesión, el Ecuador deberá hacerlo en un horizonte que a mi criterio no será superior a los 20 o 30 años.

¿Por qué no empezar a implementar la siguiente solución que muchos países del mundo ya la viven? ¿Por qué no empezar a implementar departamentos de investigación y desarrollo en las empresas públicas? Indudablemente, al igual que en otros lugares, esto podría proyectar un ahorro eficiente de al menos el 30 % de los gastos operativos, introduciendo por ejemplo en el sector industrial el concepto de mantenimientos predictivos, de redes de energía inteligentes, vehículos híbridos y demás. (O)