La interculturalidad y plurinacionalidad son dos grandes paraguas que cobijan a las propuestas del movimiento indígena ecuatoriano. Su definición y aplicación es bastante ambigua. Sin embargo, la primera de ellas puede resumirse como el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reproducir su cultura, para lo cual consideran que la acción y protección del Estado es esencial. La mayoría coincide en que el Estado debería posibilitar, a través del sistema de educación, que la cultura y saberes de los pueblos indígenas sean transmitidos a las nuevas generaciones indígenas, incluyendo el conocimiento occidental. Las posturas más radicales postulan que los indígenas deben educarse solamente en su cultura ancestral.

En el paro de junio de 2022 se pusieron en evidencia las desigualdades entre indígenas y otros grupos poblacionales. Acorde con el economista Thomas Sowell, cuando se habla de desigualdades se alude al ideal de resultados similares o idénticos entre individuos sin importar la cultura, la demografía, la geografía y otros varios factores que pueden incidir en los resultados. Cómo entender que se demanden resultados similares a pesar de demandar una educación diferenciada entre mestizos e indígenas. No esta mal demandar más y mejor atención en la educación de pueblos y nacionalidades indígenas, pero demandar resultados similares cuando algunos sectores piden hacer más énfasis en mantener los “saberes ancestrales” implica acrecentar la diferencia en los resultados. En este debate no se analiza, cuestiona o estudia el papel de la familia y la comunidad en la reproducción y mantenimiento de la cultura. Además, es necesario discutir el rol del Estado y la cultura ¿es uno de sus deberes cuidarla?

Cómo entender que se demanden resultados similares a pesar de demandar una educación diferenciada...

Por otro lado, la plurinacionalidad es más compleja aún de definir. Se podría entender como la posibilidad de mantener las estructuras comunitarias que han posibilitado el mantenimiento del orden y gobierno en el interior de las comunidades. Las posiciones más radicales postulan que solo estas estructuras “ancestrales” deben existir en sus territorios, reemplazando al Estado. Las moderadas demandan que el Estado debe permitir su existencia además de coordinar y articularse con las estructuras comunitarias. El primer error es asumir la ancestralidad de dichas estructuras. Basta decir que la figura de cabildo, que gobiernan las comunidades, fue introducida por la corona española con el fin de mermar la autoridad de los encomenderos y caciques. Como parte del reconocimiento plurinacional se reconoció a nivel constitucional la gestión comunitaria del agua. En su momento fueron las comunidades quienes, en muchos casos, con fondos de la cooperación internacional, construyeron las redes y sistemas de agua, no fue el Estado.

Si bien es un reconocimiento justo, causa contradicciones con otros marcos legales, como la Cootad, en cuanto a las competencias y condiciones para la intervención de los GAD municipales en los sistemas comunitarios, que a la final causa que las muchas comunidades rurales estén desprovistas de agua y saneamiento seguro. (O)