Todo comenzó con una reforma legislativa para impedir o dificultar que Guillermo Lasso sea candidato a la Presidencia de la República. No nos engañemos. El origen de la presente crisis está en una ley con dedicatoria, burdamente antidemocrática. Nunca en la historia de nuestro país se había exigido a los candidatos que no tengan inversiones en tal o cual jurisdicción. Solo cuando la mafia correísta cayó en cuenta de que Lasso constituía un peligro para sus planes de impunidad es que diseñaron una prohibición como la mencionada. Como toda ley con dedicatoria, la de Lasso también violentaba elementales principios republicanos. La maniobra no es nueva, por si acaso. En otros tiempos a una dictadura militar instigada por grupos oligárquicos se le ocurrió reformar la ley de tal manera que se les prohibía a los hijos de extranjeros ser candidatos presidenciales. La ley tenía como dedicatoria a Assad Bucaram. Aunque los casos guardan sus diferencias, lo que importa es lo que tienen en común: crear obstáculos irrazonables que vulneren el derecho de participación. Algo contra lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado vigorosamente. Pero el asunto se vuelve más aberrante cuando esos impedimentos se crean a propósito de alguien en especial, cuando la norma tiene un destinatario no escrito pero evidente. No hay política que más repugne a la conciencia civilizada y democrática que las leyes con dedicatoria. Son leyes que encierran bajezas y cobardía. Son leyes que ponen la fuerza del derecho al servicio de una farsa y esconden una infamia bajo el manto de la ley.

Si ya es bastante haber tolerado que se apruebe una ley con dedicatoria, más grave es que ahora se pretenda darle legitimidad a semejante barbarie aceptando el increíble informe que ha preparado un grupo de legisladores designados a dedo para que investiguen al presidente Lasso. Pocas veces se han dicho tantas torpezas, se ha incurrido en tantos errores jurídicos y se ha pisoteado sin piedad la gramática, la ortografía y la sintaxis de nuestra lengua como en este informe. ¿Cómo es posible que esta gente haya llegado a ocupar curules del máximo órgano de legislación nacional? ¿Cómo hemos podido tener como legisladores a personas incapaces de estructurar conceptos y de aunarlos de tal manera que guarden cierta lógica? Lo que simplemente hace el informe –y curiosamente en base a información pública– es narrar el hecho de que Lasso ha acumulado durante su vida un patrimonio significativo e insinuar, sin prueba alguna, que no se deshizo de sus inversiones en jurisdicciones de baja imposición antes de inscribir su candidatura. Eso es todo. El escaso rigor técnico y jurídico, en un área de por sí compleja como es la tributaria, lo tapan con un mar de conjeturas.

En ciertos países, como en los Estados Unidos, hay una suerte de ley no escrita por la cual los candidatos a la Presidencia hacen públicas sus declaraciones de impuesto a la renta. Una tradición que únicamente fue ignorada por Donald Trump. En el nuestro no solo que no existe esa ley (escrita o no escrita), sino que una banda de mafiosos pretende destituir a un presidente que es el político que más impuestos ha pagado en el país, y todo para satisfacer el apetito de odio y corrupción. ¿Hasta cuándo? (O)