Hablar hoy de seguridad podría parecer redundante, sin embargo, son las conversaciones que se tienen las que definen a las sociedades. Entonces, cuando hablamos de violencia, es importante detenernos a ver sobre qué hablamos y desde dónde conversamos. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos y cuáles las cifras que nos importan?

El año 2021, Ecuador tuvo la peor estadística en una década, sobrepasando las 2.300 muertes violentas. El 2022 no empezó mejor, la inseguridad rompió récord en enero, con 270 muertes por violencia criminal.

Esta data viene acompañada de historias, como la de Jonathan, un joven de 19 años que caminaba por las calles de Durán y fue víctima de dos ataques de sicariato en menos de 20 minutos. Lo espeluznante es que el segundo atentado fue realizado frente a decenas de curiosos y policías que se habían congregado en el lugar.

A esto se suman las macabras imágenes y audios que se difundieron desde el interior de los centros penitenciarios, producidas en los enfrentamientos más letales de la historia carcelaria del país, con más de 300 fallecidos, o los testimonios de corrupción y descontrol expresados desde las mismas prisiones en los reportajes de la plataforma La Posta. También hay que considerar el caso del policía Santiago Olmedo, procesado y sentenciado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que causó la muerte de dos personas que asaltaban armados a un adolescente.

Todo eso, complementado por las historias criminales que circulan diariamente por las redes sociales hacen que estemos con una sensación de total vulnerabilidad.

Ante esto, la primera responsabilidad se le endosó al Estado, que rápidamente identificó como causa principal de este ecosistema del terror al narcotráfico y generó una serie de medidas, especialmente para Guayaquil, entre ellas, la dotación de 1.100 policías adicionales y fuerzas armadas para reforzar operaciones y nueve millones de dólares para que se inviertan en equipamiento policial, entre otras acciones y propuestas.

Sin embargo, sabemos que este no es un problema de causa-efecto, y que se podrá mitigar, pero no solucionar a través de la Policía.

Es un buen momento para ampliar la conversación y hacernos preguntas sobre nuestra responsabilidad y rol, para darnos cuenta de que muchos de los problemas que vivimos son producto de nuestras propias acciones y agendas como sociedad.

La seguridad ciudadana, como problema integral, tiene diversas causas que se desprenden de la cultura, los contextos, las carencias y las realidades ligadas a la desigualdad, a la falta de oportunidades, al desempleo, a una precaria educación y a la pobreza, que conviven hoy en un ecosistema de individualismo, desconfianza frente a la justicia y una constante microcorrupción, que al final puede ser peor o tan dañina como el microtráfico de drogas, y que a la larga define también lo que somos.

Hay que exigir seguridad, pero también hay que empezar a pensar en otras preguntas y tener otras conversaciones. (O)