No hay duda, no es percepción, vivimos en medio de una guerra narco, los carteles armados violentos tienen como soldados a sicarios que se asesinan y descuartizan brutalmente en calles y cárceles por la disputa del control territorial y vías, siembran el miedo con el ejercicio de sus políticas ‘plata o plomo’, ‘granada o silencio’, ‘impunidad o vida’, y desafían a las fuerzas de seguridad amarradas por un sistema jurídico débil, pero castigador. No se avizoran cambios debido a que las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y actores políticos, desde extrema izquierda hasta extrema derecha, tienen su propia guerra por el control político del país, se atacan hasta con una empanada de viento.

No llama la atención que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos incluya en la “lista de países de mayor tránsito o producción de drogas”, lo que afecta la dignidad del país, a pesar de que Ecuador incrementó la captura de droga, con relación a años anteriores, resultado del intenso trabajo de las fuerzas de seguridad y el apoyo del avión de exploración aeromarítima 3-P Orión de Estados Unidos; deduzco que la cantidad de droga que transita sin ser detectada es alta.

La calificación de país de mayor tránsito de droga a más de la guerra narco tiene otras causas, como: la posición geográfica fronteriza entre los centros de producción de Colombia y Perú y el acceso al océano Pacífico; una economía debilitada por gobiernos que no supieron generar desarrollo y empleo para los ciudadanos; la facilidad para circulación del narcodinero entre el tejido social financiero y de la estructura del Estado; la facilidad de instalación de ciudadanos extranjeros miembros de grandes carteles, inseguridad jurídica; y la ingobernabilidad.

Algunas acciones que se podrían realizar: la posición geográfica es invariable; la economía se puede mejorar, el Gobierno presentó en la Asamblea el “Proyecto de ley creando oportunidades” para generar desarrollo, producción y empleo, pero ha elevado el nivel de la guerra política; crear una fuerza pública con identidad cifrada, entrenada y capacitada para neutralizar o eliminar los grupos armados ilegales narcos; crear un grupo de fiscales y jueces con identificación cifrada “sin rostro”, para procesar a los narcotraficantes; acuerdos de extradición de los narcotraficantes; un sistema de inteligencia integral enfocada en la amenaza del narcotráfico; generar leyes pertinentes y; acuerdos políticos.

Hay que tener presente que los miembros de los carteles armados no se identifican con su nombre, apellido, número de cédula o pasaporte, usan identidades falsas, ‘alias’ e historias ficticias que dificultan su detención y el proceso judicial.

La guerra narco es una amenaza que debe ser neutralizada o eliminada antes de que ahogue al Estado y cualquier inocente pueda ser una víctima considerada como daño colateral, las autoridades del Gobierno, Asamblea y políticos deben bajar los estandartes de guerra política y preocuparse de generar la seguridad jurídica para el uso de la fuerza de seguridad, si no seguiremos asistiendo a ejecuciones macabras de los sicarios narcos, no solo en las cárceles. (O)