El presidente le declara la guerra a los narcos. Busca recuperar la soberanía nacional cedida durante el correato. Si fracasa, corremos el peligro de convertirnos en narcoestado: que los narcos controlen cortes, Asamblea y pongan presidente.

Un primer paso es recuperar Manabí y Santa Elena. Rafael Correa frenó los vuelos desde la base de la FAE en Manta de la fuerza aérea de EE. UU. para controlar el narcotráfico internacional. Eso estimuló a los narcos a traer droga de Colombia y embarcarla en Manabí y Santa Elena en avionetas rumbo a México. Las obras viales de la fallida Refinería del Pacífico constituyeron el aeródromo ideal. Lasso montó un radar en Montecristi para monitorear a las avionetas; la normativa de derechos humanos le impide derribarlas. La implantación del radar fue denunciada por dirigentes correístas como atentado a la naturaleza. Ni bien montado, una explosión lo inutilizó: se sospecha sabotaje.

Las avionetas mexicanas solían traer dinero para pagar sus operativos locales, pero luego cambiaron a pagarles con droga. Los narcos locales se dedicaron a la venta en el mercado interno, para lo que se valieron del derecho a portar droga. Enviaron niños con drogas a las escuelas, donde proceden a vender a sus compañeros. El mercado se expande.

Gran parte de la violencia que vivimos hoy es la lucha entre bandas por controlar más territorio para su ilícito negocio. Eso explica las matanzas en la Penitenciaría del Litoral.

Ese es el segundo frente en esta guerra: recuperar para el Estado el control de la Peni, y parar la lucha entre bandas armadas, así como la masacre de presos que no se suman a una u otra banda. Dura prueba para la Policía Nacional. Las bandas les disparan con armas de avanzada, lanzan dinamita y se comunican con teléfonos satelitales. El operativo requiere tantos policías que la ciudad queda desprotegida.

Si un narco cae en un cruce de disparos, la autopsia determinará a qué policía le pertenecía el arma, y el policía tendrá que defenderse ante las cortes de acusación de violación de derechos humanos.

La intención del Gobierno fue que las FF. AA. se sumen a este operativo de recuperar control, pero la Corte Constitucional considera que eso es violación de los derechos humanos de los narcotraficantes. Como si no estuviese en juego la seguridad nacional.

Un tercer frente es la ruta marítima de la droga: los narcos contaminan los contenedores de exportación. Por el control de este negocio, las bandas se matan en el sur de Guayaquil. Se va a someter a los contenedores al control de máquinas de rayos X. Una similar se montará en la Penitenciaría.

El auge de la droga ¿es culpa del Gobierno? Sí, pero del Gobierno que le dio vía libre, el correato. El Gobierno actual busca retomar el control y repeler a los narcos. Esto merece apoyo decidido. Los críticos no siempre dirigen bien sus dardos. Hay que pensar en reformas legales o constitucionales, según sea el caso, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la violencia. El Estado lucha con un brazo atado a la espalda. La defensa de los derechos humanos es uno de los avances en este siglo XXI, pero si su aplicación conlleva indefensión para la ciudadanía, se corre el peligro que esta busque refugio en algún líder autoritario, como sucede en Europa del Este. (O)