El Gobierno nacional se propone mejorar el impacto de su legado, al quedarle solo seis meses de vida y tener el poder de ejercerlos mediante decretos (que serían revisados por la Corte Constitucional). Por ello, el ministro de Gobierno anunció que se decretaría el régimen de zonas francas, antes negado por la Asamblea Nacional, como primero de próximos decretos llamados a resolver los problemas de seguridad, reactivación económica y asistencia a los más pobres. Aquí algunas ideas para su aplicación:

Mayor productividad, fiabilidad y eficacia del sistema de justicia. Inteligencia artificial para generar borradores de sentencias e identificar redundancias, inconsistencias o contradicciones entre los cuerpos legales accedidos por la tecnología. Se obtendrían propuestas de reformas y simplificaciones del marco legal a establecer mediante nuevos decretos. En el área penal, se debe decretar el régimen de jueces sin rostro y sus sentencias deben ser publicadas junto con el borrador emitido por la inteligencia artificial, para el escrutinio público. Además, vía decreto se debe maximizar el impacto de la intervención del ejército en el combate al terrorismo; así como la multiplicación del número de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en los sistemas de la Policía Nacional.

Segundo decreto ley sobre zonas francas, que incluye exoneración de hasta 15 años del IR, se envía a Corte Constitucional

Sobre reactivación económica, el régimen de zonas francas (como consta en el decreto emitido ayer), requiere medidas adicionales para mayor impacto en el empleo. Debe prever programas e incentivos para la capacitación y vinculación de recursos humanos y de la oferta proveedora del entorno de cada zona franca. Estos dos factores serán el atractivo central para el inversionista, complementados por las exenciones tributarias. Al dotarlos, se contribuye a desconcentrar la creación de empleo y riqueza, la especialización de los recintos francos, la creación de aglomerados de empresas y su mejora competitiva continua.

Se debe decretar la creación del Ministerio de la Producción Agropecuaria, para contar con un solo liderazgo público sobre las cadenas alimenticias y con ello, una relación púbico-privada eficaz. Digitalizar y unificar información de las cadenas alimenticias, hoy dispersa (mapas satelitales del uso del suelo agrícola, infraestructura productiva, guías de movilización de productos agrícolas a los mercados, declaraciones aduaneras, etc.). Con esta base, decretar el modelo marco de alianza público-privada entre asociaciones productoras, profesionales, clientes detallistas y/o empresas operadoras, transparentando y llevando por fin a máxima eficiencia a las cadenas de alimentos.

Decretar el modelo de interoperación entre las bases de datos del Registro Civil, SRI, Bono de desarrollo humano, MEC y MSP, para focalizar óptimamente el subsidio a los combustibles. Que el modelo adjudique bonos a los más pobres, para abastecimiento privado de colación, uniformes y libros escolares; descuentos en tiendas de barrio, farmacias y cadenas detallistas; dotación de medicina y servicios de salud.

Que los decretos por venir inicien cambios trascendentes. Que permitan días mejores al pueblo del Ecuador. (O)