“La libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, tuiteó Elon Musk al anunciarse la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Una decisión bursátil sentida como una compra épica, en nombre de la libertad de expresión y la democracia.

La relación entre democracia y tecnología se intensifica en la medida que progresa la digitalización de las interacciones sociales. El potencial transformador que tienen los derechos fundamentales cuando se ejercen desde la esfera digital dinamiza la evolución del sistema democrático a partir del acceso, la descentralización, la neutralidad y la seguridad, donde la ciudadanía ejerce su libertad digital dando primacía al derecho a la libertad de expresión, como catalizador del pluralismo social en una democracia digital deliberativa. Una primacía de un derecho que no es absoluto y tiene límites como la honra, la integridad y la privacidad de los usuarios-ciudadanos.

El estado de la libertad digital se evalúa desde tres dimensiones: la primera corresponde a las barreras de acceso a las aplicaciones o tecnologías digitales impuestas por los gobiernos, por condiciones económicas o por regulaciones; la segunda, a la censura aplicada a contenidos digitales; y la tercera, a violaciones a derechos de los usuarios digitales, como las represalias por el contenido publicado o transgresiones a su privacidad.

Freedom House, en su informe sobre Libertad en la red del 2021, al observar a 70 países que representan el 90 % de usuarios de internet de todo el mundo, identifica que internet es cada vez menos libre. En América Latina: Costa Rica y Argentina cuentan con un entorno digital libre; mientras que en Colombia, Brasil, Ecuador y México, el entorno digital es parcialmente libre, registrando la censura a contenidos digitales y la vulneración del derecho a la privacidad de los usuarios, como los principales factores de riesgo para el ejercicio libre y seguro de la expresión digital.

El informe identifica alertas críticas que violan sistemáticamente la libertad en internet, como la implementación de herramientas de vigilancia por parte de los gobiernos para abordar crisis sociales, ejercer represión política y control social; la soberanía cibernética con gobiernos imponiendo restricciones al flujo de información a través de las fronteras nacionales; el autoritarismo digital, sea desde los gobiernos como desde las plataformas digitales; la censura y manipulación de contenido digital por parte de gobiernos o grupos de interés. Prácticas que desafían la funcionalidad y transparencia del sistema democrático, así como la veracidad y autenticidad del debate social en la “plaza pública” virtual.

La libertad digital cotiza alto en el mercado bursátil: el análisis y la rentabilidad, el riesgo y la incertidumbre que caracterizan a la innovación tecnológica ponen a prueba los estándares de los derechos fundamentales, de la libre expresión y sus límites, de la calidad de la democracia y su alcance universal, donde el ciudadano-usuario puede y debe ser el máximo legislador. (O)