El pago o no de impuestos vuelve a la palestra política nacional como un arma de descrédito del adversario, como lo que ya se trató de instituir en décadas recientes cuando los ataques físicos fueron desplazados por las arremetidas morales, muchas de ellas manipuladas, y así dar golpes letales al prestigio.

Tan viejo como la política misma, el escarnio público va y viene, dependiendo de las circunstancias más o menos democráticas. Recordemos las sabatinas de hace pocos años, aquel espacio de poder en vivo que utilizaba con destreza toda la tecnología a favor del posicionamiento de un criterio, de una ‘verdad’, como calificaba una voz en off a todo lo que emitía el oficialismo, sin prueba alguna como sustento. En aquellas fueron innumerables las veces que aparecía en la pantalla la web del Servicio de Rentas Internas con los datos de alguien que había criticado al régimen o este lo consideraba su rival político, y cifra por cifra se iba leyendo con voz presidencial cada detalle de su trayectoria tributaria, para al final determinar si el pago de impuestos lo habilitaba o no a opinar, a oponerse o a cumplir su actividad política. Una exposición de información privada no legal, pero sí ‘legítima’, término que se utilizaba con frecuencia al momento de justificar acciones políticas que no estaban sustentadas en aquel enmarañado cuerpo legal que ellos mismos crearon con mayorías absolutas.

Esta semana hemos vuelto a ver a un mandatario haciendo revelaciones tributarias de un aliado cuyo partido por casi un año lo ha apoyado con sus votos en la Asamblea, y que ahora se los ha negado para la Ley de Inversiones, que pasó el jueves al archivo. Una denuncia pública de intento de evasión más chantaje, que sin duda seguirá dando que hablar.

El escarnio público vuelve así con fuerza y con él inevitablemente los recuerdos de aquellos tiempos recientes en que se escudriñaba hasta la vida íntima de adversarios, funcionarios, periodistas, para buscar con qué atacarlo, lograr intimidarlo y sobre todo afectar su credibilidad, su conexión con la opinión pública, al pasarle una aplanadora sobre su reputación.

Ha venido siendo un arma común de regímenes fuertes, que controlan todos los poderes y sienten que nada ni nadie los puede detener en sus afanes de imponer una idea, en entregar obras a dedo por medio de supuestas situaciones de emergencia, y hemos visto con el paso del tiempo cómo aquellos abusos se han desmoronado.

¿Es esa fuerza totalitaria la que protege al Gobierno actual? Las señales de este primer año, que está próximo a cumplirse, no dan muestras de tal cosa, para bien de la democracia, por lo que entrar en el terreno pantanoso del descrédito del adversario, al que más temprano que tarde volverás a necesitar, no parece lo más estratégicamente adecuado.

¿Está el régimen en capacidad de cruzar con éxito la única opción que le quedaría, la ‘muerte cruzada’?

Nuevamente veamos las señales y parecería que no. Ni quienes la crearon la utilizaron como una verdadera opción de arreglar las cosas en las urnas. Porque nada garantiza que del uso de esa opción resulte una mejor Asamblea y se consolide la gobernabilidad. (O)