Iniciamos este año con una situación inédita y muy compleja. No sabemos qué es peor: si la crisis de las principales funciones del Estado, la inseguridad social, los crímenes provocados por las actividades narcos o las amenazas de paralizar el país de los movimientos indígenas. Unos son circunstanciales, como el último, pero otros son esenciales y atacan la existencia del Estado democrático.

Vemos difícil un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en pro de la gobernabilidad. Dentro de la Asamblea Nacional hay fuerzas que quieren botar a Guillermo Lasso y esto no es un secreto teniendo en cuenta que su presidente es el tercero en el orden de sucesión presidencial, y que una numerosa facción quiere la amnistía de su fugitivo líder. Lasso es un estorbo.

En el Ejecutivo, salvo dos o tres ministros, el gabinete no parece tener mucha imaginación y los ministros son opacados por el presidente. Hay que ver cómo soluciona el problema con los indígenas.

La Función Judicial tiene jueces corruptos e ignorantes, aptos para violar el derecho y las leyes cuando se enfrentan al narcotráfico y sus profundas raíces. Por la naturaleza de su trabajo, es la función mediante la cual se pueden recuperar las instituciones democráticas. Decía Tocqueville que el juez hace política cuando dicta una sentencia, una política que se aplica al caso que se juzga porque se hacen efectivas las garantías de la ley. En Ecuador, algunos jueces han violado las leyes y sus principios elementales. A fuer de garantizar derechos humanos ponen en libertad a delincuentes, ordenan traslados de reos y uno sobrepasó sus funciones ordenando poner en el Parlamento una placa con su frase resobada. Que la Asamblea haya ordenado quitar la que dispuso el juez, es comprensible. Que el Ejecutivo se niegue a cambiar de prisión a un reo porque un juez interpreta interesadamente las garantías constitucionales, no me parece condenable.

La mayoría del Consejo de Participación Ciudadana no eligió al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura y pedirá una quinta terna

‘La falta de oportunidades favorece las condiciones para el crimen organizado’, dice Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW

La Corte Constitucional es un organismo confiable. Tiene el control subjetivo de la Constitución y puede reglamentar la aplicación de las garantías constitucionales, que es su razón de ser. La Corte debe corregir el libertinaje en la concesión de recursos de protección, exigiendo en sus normas tanto el respeto a la defensa de los derechos humanos como el deber de aplicar justicia sin abusar del poder que nace de la ley. No están para proteger a quienes delinquen violando el derecho de los demás. Los jueces no deben recoger los billetes verdes con que se compran su conciencia y su honestidad. Están para hacer realidad en cada caso la imagen de la noble mujer que tiene los ojos vendados y en las manos la balanza y la espada.

Mucho se ha escrito sobre la etiología del delito. Tratadistas de las más diversas y profundas ideas han discutido sobre el enigma: ¿por qué delinque el ser humano? El ambiente social, la educación, la herencia, la estrictez del punitur quia peccatum (se pune, porque ha pecado). El impulso criminoso. Doctrinas apreciables. Pero ahora la sociedad mundial se enfrenta a un delito que no conoce fronteras ni jurisdicciones, cuyos impulsores saben lo que hacen y no les importa a quién ordenan matar. Se han tomado la vida. Empecemos por la justicia. (O)