La declaración de Capaya ha sacudido hasta sus cimientos la estructura moral del Estado. Sin pretender hacer un reportaje tan exhaustivo como el de Mónica Almeida en EL UNIVERSO, quiero formular algunas reflexiones.

Este terremoto tiene un efecto tan hondo que nos hace comprender: que se ha impedido la cooperación de Capaya desde hace cinco años cuando se entregó y volvió al Ecuador a hacerlo; que hasta último momento se trató de impedirle declarar ante la Asamblea Nacional; que la fiscal general solo lo llama a declarar después de que ya lo hizo en la Asamblea; y hoy, al menos, debería tomar esas denuncias como colaboración eficaz; que se ha suspendido como legislador a quien lo llevó a declarar; que…

Gracias a este terremoto, el país, que no está corrompido –es el Estado el que lo está–, mira con desprecio el funcionamiento de la justicia que anula un largo proceso en contra de quien sería el beneficiario de todas estas maniobras político legales; además, esta ya era una sentencia anunciada; más todavía después de esa tristemente célebre reunión de los presidentes de la Corte Nacional y de la Asamblea y otros personajes notorios que fueron sorprendidos, tartamudeando, por Teleamazonas.

Gracias al terremoto, estamos empezando a conocer otras cosas de menor cuantía por la calidad secundaria de los personajes, pero de gran cuantía por las cifras: una, de que el funcionario a cargo de las ventas de petróleo, Arias, detenido en EE. UU., ya confesó, fue tres veces en el avión presidencial a concluir sus negociaciones en el Medio Oriente. ¡En el avión presidencial!

Carlos Pareja Yannuzzelli asegura que el exfiscal general Carlos Baca Mancheno conocía los pedidos de dinero y favores hechos por el exfiscal Galo Chiriboga

Gracias al terremoto ha salido a la luz que el diputado alterno de la primera asambleísta nacional está involucrado en dudosos negocios; esto no debe sorprendernos, porque ya estuvo envuelto en la trama de Hiperoil, en el gobierno de Durán-Ballén.

Gracias al terremoto nos enteramos de que al exfiscal Galo Chiriboga, Capaya le habría entregado trescientos mil dólares; y que, además, Chiriboga le habría dicho a Capaya que él iba a archivar las denuncias sobre negociados petroleros, como en efecto lo hizo. ¡Era un archivador!

Gracias al terremoto ha quedado reivindicado Galo Lara, cuyas denuncias ante la Fiscalía fueron fundadas, y quien fue traído de Panamá encadenado, como los emperadores romanos lo hacían con los vencidos. El Estado debe reparar el daño sufrido por Lara.

La ciudadanía constata día a día que la justicia está podrida: cuando la policía detiene a un delincuente, enseguida un juez lo libera. Y más arriba esas cosas se negocian política o pecuniariamente. Las pocas sindicaciones que se hacen a los funcionarios corruptos ecuatorianos las hacen los jueces y fiscales de Estados Unidos, porque a ese país llevan los delincuentes sus dineros robados a los ecuatorianos. El Ecuador, para subsistir como Estado, debe reorganizar el sistema judicial y volver a pedir al pueblo ecuatoriano autorización para nombrar nuevos jueces. Esta autorización ya se la concedió al Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo, pero falló el vocal encargado y esa reforma quedó trunca. Esta debería ser la pregunta esencial de la consulta popular. (O)