Ecuador tendría una exitosa apertura de mercados si el 2022 se iniciare un proceso de mejora competitiva en las cadenas agrícolas que más lo necesitan, más generadoras de empleo y que ocupan a los campesinos más vulnerables.

Este propósito, ineludible por lo que está en juego, implica innovaciones profundas. Obliga a repensar qué hacer y cómo hacerlo, pues en esta materia siempre hemos dado respuestas incorrectas a las preguntas equivocadas.

Nunca ha sido un problema de dinero, sino de intervenciones ineficaces. Cifras recientes lo confirman: el Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde el 2008 al 2020, invirtió 1.712 millones de dólares en proyectos, programas, etcétera, para beneficio de los productores agropecuarios. Entre 2011 y 2017 el promedio anual de inversiones fue de $ 187 millones, superando $ 313 millones en 2015. Si se añaden las inversiones de los gobiernos provinciales, a quienes la Constitución les otorgó competencia exclusiva para el fomento productivo, el total invertido entre 2008 y 2020 supera los $ 2.000 millones, sin contar el gasto corriente de ninguna entidad ni fondos de cooperación internacional.

Pese a lo invertido, los problemas de productividad, acceso a recursos para la producción y encadenamientos comerciales estables siguen siendo un tema pendiente en las cadenas productivas de papa, arroz, ganadería, cereales andinos, caña de azúcar, maíz, palma africana, café, cacao, etcétera.

Estas líneas evitan caer en la tentación de decantar causas por sector y propone cursos de acción. Empezar organizando actores públicos y privados por cadena productiva, para acordar los problemas a juntos atacar, con sus respectivos planes de mejora competitiva. Ellos, desde productores hasta industriales y detallistas, especialmente en los casos de cadenas con mayor inequidad, deben priorizar sus metas y actividades para incrementar la productividad y transferir tecnología, mano de obra calificada, paquetes tecnológicos, asistencia técnica, financiamiento y programas permanentes de comercialización desde los eslabones más fuertes a los más débiles. Mientras, los actores privados deben liderar el proceso y los gobiernos, central y provinciales, innovarse para atender esta nueva realidad. Esto, en lo estratégico.

En lo institucional, se debe tener un solo ente público rector para atender los procesos arriba propuestos. Deben nacer el Ministerio de la Producción y Comercio Agropecuario y el Ministerio de la Producción y Comercio Pesquero y Acuícola. Es la manera de sentar a todos los actores de cada cadena a resolver los problemas que hoy resuelve cada quien por atajos que permite el desarticulado marco institucional. Es encarar de manera apropiada las causas de los precios mínimos de sustentación y las diferencias agobiantes de poder de negociación en las cadenas. Es establecer una institucionalidad firme en el tiempo, que contribuya a la creación de factores especializados de producción.

Que no nos traicione el temor a equivocarnos, pues lo actual y cierto no funciona.

¡Feliz 2022, amigos! (O)