La realidad es que, dentro de la organización del poder bajo la Constitución vigente, se encuentran cinco funciones del Estado, que son: legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social. Resulta que la función judicial es la única que acepta delegados de ternas enviadas por otras funciones para su integración. En consecuencia, el origen del problema sería la integración del pleno del Consejo de la Judicatura con delegados de otras funciones del Estado (Asamblea Nacional y el Ejecutivo). Por lo tanto, para muchos, es el mecanismo de conformación aludido el que “rompe” la lógica de la independencia de funciones que todos defendemos.

Para un análisis siempre es necesario retroceder en el tiempo y, desde mi visión, no debió desaparecer la Subsecretaría de Coordinación Interinstitucional del extinto Ministerio de Justicia de Derechos Humanos que eliminó el expresidente Lenín Moreno. Como su nombre lo indica, la subsecretaría tenía la misión de canalizar las necesidades entre todos los actores del sistema de justicia y así coadyuvar como un facilitador técnico en la construcción de una agenda que permita el trabajo sistemático de las entidades cuyo aporte se requería para lograr los objetivos planteados; además del control de los centros de privación de libertad ahora “a cargo” de la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entre otras atribuciones; sin interferir en las funciones propias del Consejo de la Judicatura, cuya existencia debemos defender.

Como vemos de las recientes declaraciones del señor presidente de la República y de la respuesta del vocal que representa a la fuente del ejecutivo como su delegado ante esa institución o función del Estado, ese sistema no existe en el Ecuador, lo que ratifica la difícil situación -principalmente de planta central- del Consejo de la Judicatura, plasmada en el memorando circular CJ-DG-2021-3752-MC, que contiene el informe de diagnóstico preliminar de fecha 10 de septiembre de 2021 y remitido a todos los vocales el 12 de igual mes y año, documento que si bien exhibe problemas como en una radiografía, también tiene estrategias de solución, acciones a desarrollar y cronograma de ejecución elaborado en mesas de trabajo con las Direcciones Nacionales, trabajo presentado por el equipo multidisciplinario de la anterior Dirección General del Consejo de la Judicatura, en la que se incluyó a planificadores y a una auditora de la Contraloría General del Estado solicitada en comisión de servicios al contralor general del Estado para tal efecto.

En esa línea, la actual Dirección General, quien sí tiene apoyo mayoritario del pleno, tiene el reto de continuar con aquel proyecto, por lo que imagino navegan a barlovento (viento a favor) en su ejecución o mejoras. Archivar la propuesta ante los ojos del pleno sería inadmisible y hasta criminal ante la situación que vive el país, ya que la mayoría de las metas no necesitaban recurso económico alguno, simplemente coordinación, planificación, voluntad, trabajo, seguimiento y control. Mejorarlo y/o ejecutarlo era y es el único camino. Tengamos algo claro: Nadie puede aspirar a que las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura sean un reloj suizo, si su planta central en Quito con sus direcciones nacionales, con alguna salvedad, no ponen el ejemplo. Paradójicamente, los directores nacionales son impuestos por el pleno y no propuestos por el director general, quien es el representante legal de la Función Judicial, pero, sin embargo, depende de los directores nacionales para trabajar en “sinergia” acorde a una planificación. En resumen: el pleno debería permitir al director general trabajar con los directores que considere necesarios en su equipo de trabajo.

Regresando al tema central, nadie puede discutir que en democracia, si esta realmente existe en Ecuador, debe respetarse la independencia de las distintas funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución, separación de funciones en la que todos coincidiremos por lo que no vale la pena desgastarnos en aquello; pero tampoco podemos negar la necesidad de mantener la integralidad de la justicia de la que se hablaba cuando ejercía de director de Proyectos y/o subsecretario de la Subsecretaría de Coordinación Interinstitucional del mencionado ministerio. Considero que la integralidad es base para la democracia, ya que sin justicia no hay nada, y sin un trabajo coordinado no se mejorará el servicio y parece que no terminamos de entenderlo.

La integralidad a la que aquí me refiero, no es más que la unión, enlace, nexo o vínculo de las funciones, instituciones u órganos, que necesariamente deben mantener un trato para que la administración de justicia sea eficaz; o, dicho de otra manera, sin esa correlación o coordinación interinstitucional, el sistema de justicia no podría ser funcional.

No me sorprendería que, en nuestro escenario político, ninguna de las instituciones o funciones que oportunamente remitieron ternas para integrar el actual pleno del Consejo de la Judicatura, se sientan representadas por sus delegados, pero hoy no tienen otro camino que trabajar con ellos o llevarlos a juicio político a través de la Asamblea Nacional, para lo que se necesitarían 91 votos a favor de una moción de censura. Y es que integrar el pleno del Consejo de la Judicatura no es igual a la delegación realizada por el señor presidente de la República para contar con su delegado ante el directorio del IESS, de cuyo puesto puede retirar en cualquier momento. Los vocales del CJ fueron designados como delegados por un periodo determinado, según lo estableció el constituyente de Montecristi, pero por suerte instituyó formas para que, en caso de mal desempeño en sus funciones, sean sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional; por lo que siempre hay un camino que recorrer, y este está permitido, mientras no sea el del chantaje por cuotas en el sector justicia.

La coordinación interinstitucional intenta la integralidad de la justicia, y busca brindar a la Función Judicial de una necesaria organicidad. Por organicidad debemos entender a aquel principio que, entre otros fines, capta información de las distintas instituciones que componen o integraron las ternas para conformar el pleno del Consejo de la Judicatura. Los datos recabados o tabulados ayudan, no solamente para la mejora de servicios de la Defensoría o Fiscalía, por citar dos ejemplos, sino también para la aprobación de leyes que se compadezcan de la realidad nacional.

Esto último en el sistema de justicia es de trascendental importancia. Y es que, a diferencia de las otras funciones, el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, tiene a un pleno integrado por fuentes o delegados de la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Corte Nacional, Asamblea Nacional y Función Ejecutiva, por lo que es, a todas luces, menos centralizada, puesto que está conformada por varias instituciones con cierto nivel de autonomía funcional que generan actos independientes en los que no han participado los otros. Es entendible y hasta necesaria la participación de los delegados del sector justicia, no de otros.

Más allá de la evidente falta de coordinación interinstitucional existente en el sector justicia, su éxito o fracaso será el de todos los ecuatorianos. No hay ganadores en la lucha entre funciones o autoridades. Por ello, no hay que perder el norte y recordar que “es mejor ganar corazones que ciudades”; y, nunca olvidar que “el resumen de todas las máximas y reglas morales puede reducirse a una sola: la verdad”, simplemente la verdad como el título del libro de Michele Taruffo. Me refiero a esa verdad que, tarde o temprano, la Contraloría y/o Fiscalía General del Estado, así como los propios jueces, deben dar a la sociedad sobre las acciones u omisiones de las autoridades del sector público en general, de la función que sean.

Sin importar la suerte del Ejecutivo y sus índices de aceptación ciudadana, al actual pleno del Consejo de la Judicatura, cuya aceptación entre los judiciales es deshonrosa, no le queda más que trabajar técnica y no políticamente, coordinando interinstitucionalmente lo que sea necesario y poner las barbas a remojar. (O)