Quizás debido a la pandemia no se pudo advertir el lanzamiento del libro ¿Quién paga la deuda? en la Universidad San Francisco en marzo del año pasado y que trata sobre temas económicos estructurales del Ecuador. Su autor, el holandés Bob Traa, ha tenido una larga trayectoria en el Fondo Monetario Internacional. Entre 2010 y 2013 fue representante durante la crisis financiera en Grecia, pero antes de eso, a comienzos de los años 2000, fue representante del Fondo en Ecuador.

Una de sus contribuciones es de particular relevancia en el actual contexto de precios altos del petróleo. Como se sabe, el precio por barril presupuestado por el Gobierno para este año es de $ 59, mientras que desde marzo el promedio es de $ 108, casi el doble de lo previsto. Para dar una idea del excedente petrolero, si esta diferencia se mantuviera durante todo este año, a fines de diciembre el Gobierno podría dar un bono de Navidad de $ 680 a cada familia ecuatoriana. O también, como quien cumple uno de los anunciados objetivos del Gobierno, a fin de año se podría asignar $ 7.000 a cada niño desnutrido del Ecuador, que el Instituto de Estadística y Censos calcula en 350.000.

Sin embargo, Traa advierte que este flujo no presupuestado podría tener otro efecto, y muy corrosivo. Se trata del cambio en la conducta de los agentes económicos, quienes reorientan sus energías al cabildeo político para apropiarse del excedente. El sector privado se aleja de la innovación y la competitividad, y se dedica a posicionarse como receptor de las divisas. Por su parte, el sector público canaliza los fondos al clientelismo político y a la popularidad del presidente. Es decir, el excedente se podría hacer humo.

En la literatura económica las exportaciones de petróleo son consideradas como una bendición, pero también como una maldición. Como ejemplo de esto último se cita a Nigeria, que al ser un exportador importante de petróleo es uno de los países con más alta corrupción. Es una muestra de que los excedentes petroleros tienen el potencial de propiciar el rentismo y la opacidad en el destino de los fondos. Como ejemplo de bendición se cita a Noruega, que ha logrado, a través de un fondo de estabilización, utilizar estos recursos para cubrir los gastos gubernamentales asociados al envejecimiento de la población.

En el caso de Ecuador ya existe el marco legal para crear un fondo de estabilización. El Capítulo II, Sección IV del la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, publicada el 24 de julio de 2020 dice lo siguiente: “Los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado… se destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal que permita garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas y/o la capacidad de la ejecución de egresos en educación y salud.”

En tiempos de excedentes petroleros como el actual, al Gobierno se le debe exigir no solo transparencia, como Bob Traa recomendó durante nuestra conversación, sino que también se le debe exigir la aplicación del actual marco legal, tal como aparece en la Ley arriba mencionada. (O)