Una familia en Ecuador, a propósito de la desaparición y asesinato de María Bernal este 11 de septiembre, debió sentir el dolor que empezó en 1988, cuando un 8 de enero desaparecieron dos hermanos que nunca volvieron a ver: los Restrepo. Ese día, según comprobó la comisión conformada por el presidente Borja, ellos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional y encarcelados en los calabozos del SIC de Pichincha. El mayor, Santiago, fue torturado y muerto ahí. Del otro, Andrés, no se sabe, pero se presume que lo mataron para ahogar su llanto. Los autores, cómplices y encubridores del atroz crimen ocultaron, alteraron y destruyeron las evidencias. El ministro de Gobierno de entonces declaró que los menores fueron víctimas de un exceso policial y que su muerte era un secreto de Estado.

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... el aserto de que se formará a los aspirantes a policías con enfoque de derechos humanos llega con algún retraso.

Dicha comisión conoció muchos otros casos de tortura, detención arbitraria, tratos crueles y degradantes, cometidos por el SIC. Según la investigación de la Comisión de la Verdad, compuesta por monseñor Luna Tobar, la Hna. Elsie Monge, el Dr. Julio César Trujillo y el Sr. Pedro Restrepo, padre de Santiago y Andrés, y creada para investigar tales violaciones de derechos humanos y otras, como ejecuciones extrajudiciales en el periodo 1984 a 2008, la mayoría se perpetraron en el gobierno de Febres-Cordero, estando involucrados 370 oficiales y miembros de tropa de la Policía Nacional en 299 casos. La CV manifestó en su sustentado informe que ese régimen “…no solo toleró la brutalidad policial, sino que creó y perfeccionó cuerpos especiales secretos dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas, bajo el poder político del presidente de la República y el ministro de Gobierno”. Medidas aplicadas “…contra todo detenido, no solo a los sospechosos de subversión”. Así pues, las fuerzas de seguridad fueron el instrumento del terrorismo de Estado. Entre dichos cuerpos constaban los escuadrones volantes, grupos de élite de la Policía, que cometieron los abominables delitos, usándoselos para reprimir las huelgas y manifestaciones obreras e indígenas. Fueron financiados por el Banco Central y empresas privadas y sus componentes gozaban de beneficios especiales. “Si una mínima y podrida porción de la sociedad tiene que ser abatida, que caiga”, arengaba a los gendarmes Nebot, el exgobernador del Guayas. Las cárceles en las que todos esos grupos recluían a los detenidos no únicamente eran las oficiales, sino también cuarteles militares y aun sitios clandestinos. Existió el SIC-10, negado por la Policía y las autoridades políticas, destinado a combatir a los sospechosos de subversión con tales métodos. Algunos oficiales responsables de todo aquello fueron condecorados y promovidos, dos de ellos a la Comandancia de la Policía.

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Por ende, después de 34 años de la gran mancha, el aserto del nuevo ministro del Interior de que se formará a los aspirantes a policías con enfoque de derechos humanos llega con algún retraso. Tenemos dudas de que la anunciada demolición del edificio de la Escuela Superior de la Policía donde se consumó el crimen horrendo contra la Sra. Bernal evite el encubrimiento institucional nefasto. (O)