La vacuna o el cobro por brindar una aparente seguridad por parte de las bandas delincuenciales, especialmente a los comerciantes o empresarios, es más habitual de lo que parecería. En los medios de comunicación se habla de este tipo de extorsión sobre todo de Guayaquil y, últimamente, en Quito, pero esto también ocurre en ciudades como Ambato.

Estuve en estos días en esa ciudad. En términos generales, la recordaba ruidosa, de mucho comercio formal e informal y segura. Sin embargo, las cosas han cambiado. Quienes viven en Ambato, cuando se visita la avenida Cevallos, piden tener cuidado con los bolsos, las billeteras, los celulares o cualquier tipo de pertenencia, ya que no está exenta de los típicos robos y hurtos. En las zonas cercanas al centro, en cambio, desde hace un par de meses, advierten no solo de problemas de venta de drogas sino del pago al que se ven forzados quienes tienen sus negocios.

Hasta el momento, algunas personas han optado por cubrir la tarifa que les imponen. Pero también hay quienes no lo han hecho y la han pasado mal.

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Según vecinos de la zona, una comerciante que se negó a pagar debió soportar una de las tácticas de sanción común: desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en la puerta de su local –otras tácticas son amenaza a familiares, disparos fuera del local y hasta la muerte–. En esta oportunidad no hubo más que algo de pérdidas económicas y un gran susto para la mujer y sus vecinos.

La versión fue confirmada por un grupo de periodistas de la ciudad que, de alguna forma, sienten que la violencia se está regularizando como en el resto del país. En esta ciudad hay más prudencia al referirse a los posibles responsables, a diferencia de Guayaquil, en donde las autoridades miran hacia los integrantes de Los Lobos, Los Tiguerones y Los Choneros.

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Ante este grave escenario, las respuestas deben ser integrales. Tanto autoridades como fuerza pública y ciudadanos deben colaborar. El discurso de que no hay dinero para que los Gobiernos autónomos descentralizados cumplan con esta responsabilidad resulta poco efectivo y hay algunas razones. La primera es que es tiempo de que municipios y prefecturas mejoren la calidad de sus gastos y ejecuten mejor sus presupuestos. Otra razón es que los electores necesitan tener certeza de que el Estado los atenderá y que tienen a quien acudir. De no hacerlo, las consecuencias son terribles, ya que comienzan a confiar en los grupos criminales. Una tercera razón es que estamos a puertas de un proceso electoral, que no puede quedarse en el abanico de ofertas. Al contrario, esta puede ser una oportunidad para que electores y candidatos discutan sobre este tema y se asuman y exijan compromisos para lograr desarrollo y oportunidades para la población y opciones claras para frenar la violencia y este tipo de delitos.

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Esta también es una oportunidad para que la clase política intente liderar un proceso de integración, que es necesario frente a la magnitud del desafío, y paralelamente trabaje en desactivar la polarización que poco ayuda en momentos de las crisis de seguridad.

La política del miedo y de la violencia que se ha querido imponer en el país muestra la debilidad institucional, por eso es que una oportunidad como las elecciones y las renovaciones de autoridades no se puede desperdiciar. (O)