En una reciente comparecencia de la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, explicó cómo operaba una criminal estructura económica que manejaba una persona detenida por lavado de activos luego de un allanamiento en una ciudadela de Samborondón. En la relación de hechos confirmó algunos que constituyen rumores reiterados en el foro ecuatoriano, relativos a la corrupción enquistada en la Función Judicial, para vergüenza de los funcionarios correctos e indignación de los abogados en libre ejercicio profesional que no compramos sentencias para nuestros clientes.

...la Asamblea no se ha preocupado de impedir que los fiscales patrocinen en el ejercicio profesional, luego de dejar sus cargos, a personas investigadas o acusadas en causas en que hubiesen sido fiscales ...incluidos los actos preparatorios de investigación.

En el allanamiento estaba presente una exfiscal que perteneció a la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y por ello, la doctora Salazar lamentó que exfuncionarios estén defendiendo a personas acusadas de lavado de activos. Pero no solo indicó esto, sino que además afirmó “que hay (otros) exfiscales que están defendiendo a personas dentro de procesos de lavado de activos, porque ‘es un negocio lucrativo’”, según la nota de este Diario.

El punto central de la revelación es la evidente imposibilidad en el sistema judicial para seleccionar a jueces y fiscales probos. Un sistema que ha sido cuestionado por décadas y más aún en las últimas dos, desde que el expresidente Correa le metió la mano a la justicia, ante la sumisión y/o complacencia de las organizaciones políticas que hoy la controlan, en beneficio de mafias del crimen organizado. La señora fiscal lo dijo con otras palabras: “Lamentablemente los funcionarios públicos no se encuentran exentos de caer en estas redes. Lo importante es establecer mecanismos de selección, de evaluación, para que la probidad sea la característica...”.

A lo anterior se suma –aunque no fue parte de la exposición de la fiscal general– que por acción u omisión, la Asamblea no se ha preocupado de impedir –en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ)– que los fiscales patrocinen en el ejercicio profesional, luego de dejar sus cargos, a personas investigadas o acusadas en causas en que hubiesen sido fiscales (impedimento que solo es para los exjueces, art. 335 del COFJ), incluidos los actos preparatorios de investigación.

De lo informado por la fiscal Salazar se sugiere que tales exfiscales “se dieron a conocer” a sus actuales clientes durante su ejercicio en el cargo; y que este orden de cosas continuará mientras impere en el país la economía criminal que permeó las instituciones del Estado, el lavado del dinero y el señor presidente continúe creyendo a sus asesores (en especial al señor Verdesoto) la falsa información de que Naciones Unidas no quiere apoyar la creación de una Comisión Internacional de Lucha Contra la Impunidad similar a la de Guatemala.

Desde Carondelet deberían preguntarle al señor embajador de Honduras sobre el avance del proceso de instalación de una Cicih solicitada en febrero de este año a Naciones Unidas por la presidente Xiomara Castro, país que ya extraditó a Estados Unidos a un expresidente, por traficar 500 toneladas de cocaína. (O)