¿Puede el Estado ecuatoriano, a través del Gobierno del (des) Encuentro, garantizar el ejercicio pleno de la convivencia democrática de los ciudadanos de este país, el respeto a sus instituciones y el apego irrestricto a las leyes vigentes?

Al parecer, existe es un retroceso a los vacilantes años noventa cuando el país llegó al descalabro institucional con historias similares a las actuales condiciones sociales: una galopante inseguridad ciudadana mientras los encargados de mantener el orden público hacían operaciones piramidales con el inefable notario Cabrera –mismos actores, misma desinstitucionalización–. Solo que en aquella ocasión, Cabrera moría por un coctel de drogas, y ahora Don Naza aparece muerto pocos días después de “escaparse” de los uniformados que lo habían acogido amable y “desinstitucionalizadamente” en los patios del Ministerio de Defensa. Similares actores de la esfera pública con tintes de desinstitucionalización: en aquel entonces uno de los perjudicados fue un concejal cuencano que hoy –por obra y gracia del influjo psíquico– es juez nacional.

Desinstitucionalización galopante en la que los presidiarios son, además, los administradores de los centros reclusorios, dueños de candados y llaves que regulan el paso de guías y policías; todopoderosos ejecutores de los más crueles crímenes que ha experimentado el sistema carcelario, y responsables de una ola de asesinatos al estilo sicariato.

Retorno a los años en los que la masificación de la educación superior provocaba la pauperización de la formación profesional de tercer nivel, y que hoy se “amenaza” con cumplir la promesa de campaña de un candidato que juró que eliminaría la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt; y desterraría las pruebas de ingreso a las universidades públicas. (A propósito de esta amenaza, desde hoy, y durante dos días, se reunirán en Cuenca todos los rectores de universidades privadas y públicas para definir una estrategia que proteja los avances que en educación se hicieron antes de la llegada del neoliberalismo Moreno-Lasso al poder).

Desinstitucionalización manifiesta en la Asamblea Nacional, donde las evidentes limitaciones de una presidenta auspiciada por el Gobierno del (des) Encuentro mantienen conveniente e irresponsablemente bloqueado el trabajo parlamentario, a cuenta de intrusiones judiciales.

Desinstitucionalización de un Estado cuyo Gobierno crea –con periodistas complacientes– ciudadanos de primera acreditados para tener hasta tres policías al servicio de su inseguridad psíquica y ego amenazado, mientras al hombre común y corriente le arrebatan la vida con igual número de disparos a quemarropa.

Desinstitucionalización del sistema de salud pública –el call center del IESS ya no contesta y los turnos son mínimo para ocho semanas después, además del evidente déficit de medicinas– a la que se la ha abandonado con la misma desidia de todas las responsabilidades del Gobierno y sus instituciones –como el invisible Ministerio de Obras Públicas y Transporte–.

El síndrome de la desinstitucionalización, galopando. Como en los noventa. (O)