Muchos son los desafíos que tiene nuestro país luego de la nefasta década y más de corrupción, impunidad y desorden. Debe recordarse que esta mafia detentó el poder total del Estado –un hecho del que se llegaron a jactarse– por un periodo más largo del que gobernaron los nazis en Alemania. La diferencia es que Alemania tuvo que destruirse en una horrenda guerra para desterrar al nazismo. En nuestro país afortunadamente no llegamos a ese extremo, pero el daño que le hizo esta organización delincuencial al Ecuador es incalculable. Todas las taras que ya sufría nuestro sistema político antes del correísmo –corrupción, caudillismo, violencia, narcotráfico, inseguridad jurídica–, y que en buena parte eran reflejo de nuestra sociedad, se agravaron y se llevaron a su clímax. Con ingresos fiscales que bordearon los 200 mil millones de dólares, apenas creció la economía en promedio a un raquítico 3 %. Perdimos una oportunidad única y que probablemente jamás la volveremos a tener. Y encima hay gente que hoy pretende que no olvidemos lo sucedido, que no se hable más de esta pandilla, que dejemos de recordar todo el sufrimiento de los perseguidos políticos, que enterremos lo ocurrido en el 30S, que nos olvidemos del asesinato del general Gabela o del saqueo de las arcas fiscales o del robo a través de la banca pública regalando créditos a diestra y siniestra, y así por el estilo. Es más, hay quienes inclusive pretendieron que cogobiernen.

El presidente Lasso debe tener todo este panorama, nada alentador, para enfrentar los desafíos que se le avecinan en este año. El país se salvó dos veces. La una por no haber elegido al títere de Correa a la Presidencia de la República. Y, la otra, por no haberse concretado el pacto de la infamia entre el nuevo gobierno y el correísmo. De haber sucedido esto último, hoy la Dra. Diana Salazar no solo que estaría fuera del cargo de ministra fiscal, sino que estaría enjuiciada. Es más, todos los magistrados de la Corte Nacional que fueron sirvientes de la dictadura correísta, cómplices de la sistemática violación de derechos humanos que tuvimos –individuos que increíblemente hoy se aprestan a demandar al Estado por millones de dólares– habrían regresado a sus cargos y todas las sentencias condenatorias en contra de la pandilla habrían sido anuladas. Pero, además, el presidente Lasso habría dejado de gobernar el Ecuador. Hoy sería un simple monigote de las órdenes de terceros, cada uno llevando debajo de su brazo una lista de pedidos, como la lista de compras del mercado. Las cortes, la Fiscalía, las empresas públicas, las instituciones estatales, los órganos de control, la educación, los hospitales, todo era repartido como en propiedad horizontal por los dueños del país. Más de una década pasó el Ecuador empantanado en esa anarquía organizada. Volver a ese escenario sería no solo un error, sino un suicidio. El presidente Lasso quedaría reducido a lo que fueron muchos de sus antecesores, un simple inquilino de Carondelet. Un títere de las circunstancias. Por muy grandes que sean las necesidades de introducir reformas legales para cumplir con su plan de gobierno, la élite ecuatoriana, incluyendo sus empresarios, debe entender que ello no puede hacerse a costa de llevarnos al despeñadero del pasado. (O)