La reciente película de Netflix Worth, acerca del Fondo para Compensación de las Víctimas del 11 de septiembre, aborda la pregunta ¿cuál es el valor de una vida humana? La respuesta clásica es el valor presente de los ingresos futuros, pero la pregunta es mucho más compleja cuando se toman en cuenta aspectos sociales y humanos.

Al extender esta pregunta al ámbito político, se puede evaluar el costo de un gobierno corrupto y dictatorial que se queda con una parte importante del ingreso del país, con el consiguiente deterioro de la producción y el empleo, y las pérdidas de vidas dado el gran deterioro de las condiciones de vida. Además de las acusaciones de violaciones de derechos humanos que los gobiernos dictatoriales como los de Al-Bashir de Sudán, Al-Gadafi de Libia o Maduro de Venezuela han tenido en la Corte Internacional Penal de La Haya, se podrían presentar demandas contra los principales líderes de los regímenes dictatoriales pidiendo una indemnización por su responsabilidad en el deterioro de la salud física, social y económica de cada país. Sin embargo, el monto sería tan alto que ni aun devolviendo el fruto de la corrupción podrían compensar el costo de la implementación de políticas económicas que han contraído la producción y lo que estos recursos dejaron de generar al no ser invertidos eficientemente en el país.

La pregunta central para un posible juicio es: ¿cuál es el valor de la indemnización por el deterioro económico y social del país? Aunque este juicio nunca se lleve adelante, esta pregunta ayuda a entender el costo de mantener a un régimen dictatorial en el poder o el costo de una oposición débil. A nivel nacional, el costo de mantener un régimen dictatorial se puede calcular por los cambios del producto interno bruto (PIB). Lo que podría haber pasado en Ecuador si no hubiese habido un cambio de timón se puede aproximar con el caso de Venezuela considerando que la tasa de crecimiento promedio del PIB en los últimos 20 años fue similar hasta el 2011. El PIB venezolano se ha contraído en promedio 15,22 % anual desde el 2013 hasta el 2019 y 26 % en el 2020. Es decir, el costo de mantener el régimen chavista es de alrededor de $ 390 millardos anuales o un valor acumulado desde el 2013 hasta el 2020 de $ 3.123 millardos al comparar el PIB actual con el PIB proyectado según su tasa de crecimiento anual (10,55%) de los últimos 20 años. Este valor es 23 veces el costo a precios actuales del plan Marshall ($ 135 millardos) y 49 veces la deuda externa del Ecuador.

El alto costo de mantener un régimen dictatorial representa también el costo de una oposición débil y dividida. En este sentido, el principal valor de una demanda legal a los autócratas que han saqueado a sus países no está solo en la recuperación de los valores robados. El principal beneficio es mantener un registro histórico del alto costo de mantener un gobierno dictatorial y las sanciones que debería recibir. Esto debería motivar a la sociedad civil a explorar alternativas válidas que permitan unir a la oposición para salir de este tipo de régimen o impedir que vuelvan al poder nuevos autócratas con falsas promesas. (O)