Cuando Napoleón mandó a raptar de territorio extranjero al último de los Condé y, luego, con un pseudo Consejo de Guerra, lo fusilaron, el célebre ministro de policía, Fouché, sentenció: “Fue más que un crimen, fue un error”. Parodiando esta afirmación, se podría decir de la reunión de Yaku con el juez Torres –sea casual o no–, “que no fue un crimen, fue un error”. No fue crimen, porque no pretendía que le regalen votos, quería simplemente que se los recuente, como fue el acuerdo con su competidor para disputar la clasificación a la segunda vuelta electoral. Ese convenio tuvo lugar, solemnemente, ante los vocales del CNE.

Si se hubiera cumplido ese convenio, no hubiera tenido, Yaku Pérez, que reclamar que se abran las urnas y se cuenten los votos: la totalidad en el Guayas, y la mitad en 17 provincias. Y, lo más importante, hubieran actuado las dos fuerzas al unísono en contra del candidato del señor Correa –quien constituye, indiscutiblemente, la primera fuerza electoral–; y las dos, sumadas a la del candidato Hervas, representan más de la mitad de los votantes (54%). Todo eso está por perderse si no impera la cordura.

Desunidos, muy difícil es derrotar al adversario.

Yaku ha avanzado pacientemente y con un solo error ha perdido mucho de lo conseguido. Pero eso no quiere decir que no se deban abrir las urnas y recontar los votos. Ese fue el compromiso.

Lo del juez Torres es otra cosa: comprendiendo su falta ha ofrecido excusarse de conocer este caso si llega al conocimiento del pleno del TCE. Eso no es suficiente, debería renunciar a su cargo; y debería cumplir lo ofrecido de decir cuáles miembros del CNE se reunieron en la ciudad de Guayaquil –o donde fuera–, con el candidato y los directivos de los partidos políticos que supuestamente asistieron. Si la fiscal no le pregunta, debe decírselo al tribunal supremo de la opinión pública. Si estuviesen en falta otros miembros de los órganos electorales, pues todos deben cesar y ser remplazados por los suplentes.

Sorprende que la fiscal no haya hecho cumplir su orden de tomar información del sistema informático para investigar si hay distorsiones, trampas. Es pueril el argumento de que no puede intervenir para no interferir en el proceso electoral.

Las leyes penales están vigentes las 24 horas de los 365 días del año. Si la Fiscalía no hace cumplir sus disposiciones, pues ella es la responsable.

El juez sustanciador ha admitido el recurso de Pachakutik, es de esperar que el pleno no defraude a la ciudadanía que espera que se abran las urnas y se recuenten los votos. Miles de urnas, todas, incluidas las de Manabí, y no la ridiculez del CNE de abrir 31.

La paz y la democracia están en peligro.

Indigna la respuesta del ministro de Salud a la Alcaldía de Guayaquil exigiéndole presentar certificación de los fabricantes de vacunas, a sabiendas de que estos no pueden negociar sino con los Gobiernos. Se puede decir que esa respuesta es, a más de una estupidez, un crimen, porque hay gentes muriendo por la falta de vacunas. (O)